El juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien previamente ordenó liberar a 77 implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, absolvió de esos hechos al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca. Sin embargo, el exedil continuará preso por otros procesos, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) apelará su absolución.
Alejandro Rojas Arellano, abogado de Abarca, explicó que debido a falta de pruebas, su cliente fue absuelto de los delitos de secuestro y delincuencia organizada relacionada con la desaparición de los normalistas, por lo que no se le podrá juzgar más por ese hecho.
Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron señalados por la entonces PGR de ordenar a los policías municipales de Iguala el ataque contra los estudiantes normalistas para evitar que, el 26 de septiembre del 2014, llegaran a Iguala, supuestamente a boicotear el informe de Pineda como presidenta del DIF.
José Luis Abarca continuará preso, ya que también es procesado por su posible participación en el asesinato, en 2013, de Arturo Hernández Cardona y Justino Carvajal Salgado, dos líderes sociales de Iguala.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y también presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, dijo que la FGR tiene todos los elementos para impugnar la resolución.
El 29 de septiembre del 2014, tres días después del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pidió a su secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, que citara a Abarca para que firmara su renuncia, fuera conducido por policías al Congreso del estado a entregar el escrito, y luego fuera detenido.
Abarca se comprometió a asistir a la oficina del secretario General de Gobierno ese día, pero no se supo más de él, hasta el 4 de noviembre del 2014 cuando fue detenido por la Policía Federal en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
En su declaración ministerial, rendida ante la PGR el 14 de noviembre del 2014, que consta en la versión pública del caso Ayotzinapa, el entonces secretario de Gobierno de Guerrero, David Cienfuegos Salgado narró:
“Aproximadamente a las 21:50 horas (del 24 de septiembre del 2014 cuando transcurrían las balaceras en Iguala contra normalistas), me llamó el señor gobernador (Ángel Aguirre) para preguntarme si tenía reporte de lo que pasaba en Iguala, y le comenté que buscaría información. (Me dijo) que buscara al presidente municipal para tener información fidedigna”.
Cienfuegos dijo que de inmediato se comunicó a los teléfonos que tenía de Abarca, pero éste no respondió, por lo que le envió un mensaje: “señor presidente, contésteme”.
David Cienfuegos declaró que a las 0:14 horas, Abarca le contestó el celular, “y le dije que me informara qué estaba ocurriendo en Iguala. Me dijo que estaba dormido en su domicilio y que preguntaría”.
Mencionó que a las 0:35 horas volvió a telefonear a Abarca Velázquez: “me relató todo lo que había hecho con su esposa (María de los Ángeles Pineda) respecto del informe que como presidenta del DIF había rendido, que se quedó al baile, que estuvo en la verbena.
“Y después de escucharlo por varios minutos le pregunté cuál era el reporte de su secretario municipal de Seguridad Pública, ya que se me había informado que hubo disparos, lesionados y muertos.
“Y sólo se concretó a decirme que estaba muy cansado, que se fue a dormir a su casa, y que no tenía reporte de violencia, y que los pequeños disturbios que se habían presentado en el centro de la ciudad de Iguala no reportaban lo que yo le decía. Le dije que si tenía los reportes, y me dijo que definitivamente no los tenía”.
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