El pleno de la Cámara de Senadores discute desde el mediodía de este miércoles el decreto que reforma la Constitución para extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028.
Hasta las 13:00 horas, el tablero electrónico de votación reportaba la asistencia de 125 de un total de 128 senadores.
Por tratarse de una reforma a la Carta Magna, la aprobación del dictamen requiere de votación calificada, equivalente a dos terceras partes de los votos de los senadores presentes; es decir, de 84 votos a favor.
Al momento se discuten, uno por uno, los nueve votos particulares presentados por Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI), Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), entre otros.
Desde la tribuna, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, aprovechó la pregunta de la panista Nadia Navarro, para proponer aplazar la votación.
“Aquí en el Senado, hemos dado todos los trámites formales, nunca hemos dado, otorgado trámites fast track o vía rápida. Y yo le diría senadora Nadia, que estoy dispuesto a seguir discutiendo este tema’’.
La oposición, sobre todo los senadores del PAN, se opusieron, a gritos, a retardar más la votación.
Al argumentar a favor de la enmienda, el senador zacatecano afirmó que desde hace 27 años el Ejército mexicano ha auxiliado las labores de seguridad pública.
“Deben de recordarlo el PRI y el PAN, cuando gobernaron, que uno de los reclamos de los generales, del secretario de la Defensa, de los comandantes de zonas militares, del espectro superior de las Fuerzas Armadas, fue siempre ‘denme garantías constitucionales y base constitucional para actuar”, dijo Monreal.
Y fue hasta el 2019, agregó, cuando se creó la Guardia Nacional (GN).
“Ahí en el quinto transitorio que ahora discutimos, por unanimidad le otorgamos a las Fuerzas Armadas su garante constitucional, su asidero constitucional”, dijo.
Lo único que se pretende con la enmienda a discusión, aclaró, “es simplemente, extender el plazo de marzo del 2024 a marzo del 2028 para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública en el país”.
“¿Por qué ahora se ha pensado por la colegisladora y por muchos de nosotros, que debe de ampliarse hasta marzo del 2028? Por razones de racionalidad, por razones de oportunidad, por razones de sensatez y de probidad”.
“Nadie en su sano juicio puede pensar que en 18 meses, oiganlo bien, 18 meses que (es cuando) se concluye el plazo que otorgamos, vaya a existir un cuerpo policiaco del nivel del Ejército y las Fuerzas Armadas. En 18 meses tienen que regresar a los cuarteles y nadie racionalmente piensa que los 100,000 soldados y marinos que están en nuestros municipios, en nuestros estados, en nuestras regiones vayan a retornar a los cuarteles, aunque es su obligación lo harán y dejarán solos a nuestros pueblos”.
“Los únicos que estarán contentos son los delincuentes y la delincuencia organizada, porque no habrá quien los contenga. Es un argumento racional, pero también es un argumento de sensatez, de sensatez”.
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