El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que no dará “carpetazo” al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que seguirán las indagatorias y castigos contra quienes resulten responsables.
“No vamos a dar carpetazo al asunto”, afirmó López Obrador en su habitual conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.
Sus declaraciones se producen mientras este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que el propio Gobierno mexicano ha reconocido como “un crimen de Estado”.
El más reciente informe de la Comisión de la Verdad reconoce que participaron el crimen organizado y autoridades mexicanas, con lo que se ha buscado desmentir “la verdad histórica”, presentada en la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El presidente de México también defendió que se dio “un paso importante” con los recientes hallazgos, así como con las cuatro detenciones de militares presuntamente involucrados y del exprocurador mexicano Jesús Murillo Karam, quien estaba a cargo de la investigación.
Dijo que de este proceso que se abre “va a salir más información” y el Gobierno va a “seguir buscando a los jóvenes” y “abriendo archivos, todo, sin ocultar nada”.
“No significa que se cierra la investigación, ya los (involucrados) que están en el informe y se les comprueba que participaron porque son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables o son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Continúa la investigación”, insistió.
López Obrador afirmó que se realizaron diversos interrogatorios, “millones de llamadas telefónicas” y se ha invertido tiempo en el caso Ayotzinapa para no “fallarle a los padres” de los 43 estudiantes.
Consideró que “también es un asunto de justicia” y de limpiar la imagen del Estado y Ejército mexicanos.
DE “MALA FE”, FILTRACIONES DEL CASO AYOTZINAPA
El sábado pasado se filtraron fragmentos del informe de la Comisión de la Verdad, presentado el 18 de agosto por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
López Obrador lo tachó de un acto de “mala fe” para evitar que se usara en tribunales mexicanos.
“No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esta manera ya no va a tener validez legal”, comentó.
Las declaraciones del presidente mexicano se dan luego de manifestaciones en el emblemático monumento a la Revolución de la Ciudad de México, así como en diversos espacios de la capital mexicana y después de varias semanas de “jornadas de lucha” que iniciaron en Guerrero, estado donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014.
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