La reforma que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública al 2028 ya alcanzó su rango constitucional, tras ser aprobada por 17 Congresos estatales.
Este jueves, las legislaturas locales del Estado de México, Hidalgo, Nayarit y Sonora se sumaron a los otros 13 congresos locales que ya habían avalado en las semanas pasadas la reforma al Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial (DOF) el 26 de marzo de 2019.
Al ser aprobada por el Constituyente Permanente, el Congreso de la Unión ya puede emitir la declaratoria de reforma constitucional, misma que será enviada posteriormente al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El Constituyente Permanente es integrado por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y las legislaturas de las 32 entidades federativas.
Cabe recordar que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López ha realizado en las recientes semanas una gira por los Congresos estatales para dialogar con los legisladores sobre esta reforma que inicialmente emanó de una propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados y fue respaldada por Morena y sus aliados.
Le dictamen avalado modifica el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó a la Guardia Nacional, que originalmente dio un plazo de cinco años, hasta 2024, para que el presidente pudiera recurrir a las Fuerzas Armadas para apoyar en materia de seguridad pública, en tanto se consolidaba el nuevo órgano de seguridad. Sin embargo, ahora este plazo culminará hasta el 2028.
También indica que las acciones que efectúe la Fuerza Armada Permanente, en ningún momento tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de Gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
Se establece que se integrará una comisión bicameral de seguimiento y habrá evaluaciones permanentes y recurrentes para garantizar la conclusión de la participación de las Fuerzas Armadas en el plazo señalado, para que la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud sus funciones.
Desde el 2023, entidades y municipios dispondrán de fondos adicionales de los tres órdenes de Gobierno para fortalecer sus instituciones de seguridad, asignando un mayor porcentaje a las que registren mejores resultados.
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