Las reforma electoral no contemplan más candados para evitar el dinero de grupos de la delincuencia en las campañas políticas, ni para evitar los actos anticipados de campaña, advirtió Eric Guerrero Luna, especialista en materia electoral
Las iniciativas que se discuten en el Congreso de la Unión en materia de reforma electoral no contemplan más candados para evitar el dinero de grupos de la delincuencia en las campañas políticas, ni para evitar los actos anticipados de campaña de políticos que aspiran a cargos de Presidente de la República y Gobernadores, entre otros, advirtió Eric Guerrero Luna, especialista en materia electoral.
En entrevista, el especialista de por la Universidad Popular del Estado de Puebla, explicó que actualmente la Unidad de Fiscalización del INE realiza la revisión de ingresos y egresos de los partidos y candidatos, pero es una tarea limitada ante las nuevas triangulaciones de dinero que hacen los partidos a través de terceros, como casas de bolsa u otras instituciones financieras, para transferir dinero e incluso recibir recursos del extranjero.
Argumentó que la colaboración que existe actualmente entre esa unidad del INE, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es solamente colaborativa y no vinculante, por lo que tendría que incluirse en la ley su responsabilidad y obligación de verificar los recursos públicos y privados que mueven los partidos, a través de proveedores y terceros.
“En ninguna de las iniciativas que se han presentado por parte de los partidos sale el tema de la fiscalización que debería ocupar y preocupar a México, porque mide la equidad de la contienda, protege los recursos que son de origen público y que deben ser fiscalizados. Ninguna de las iniciativas trata el tema de la fiscalización.
“Se propone una reducción de financiamiento a los partidos políticos, muy bien, ¿y la fiscalización? ¿Cómo podemos fiscalizar para saber si existe dinero del narco en las campañas? La fiscalización que tenemos hoy en día no alcanza, porque el INE a través de su unidad de fiscalización solamente está fiscalizando el ingreso y egreso de los partidos políticos a través del sistema de contabilidad en línea, que solo sirve para dos cosas: verificar e imponer sanciones. Es decir, los partidos políticos reportan a través de este sistema y solamente el auditor del INE verifica lo que hay, pero no puede ir más allá.
“Y no es el INE, es la ley, porque actualmente la ley le dice al INE: verifica el ingreso y el egreso a través de una auditoría, pero no tenemos una fiscalización especializada. Mientras no se proponga algo así vamos a seguir viendo campañas influenciadas por el narco”, advirtió.
Eric Guerrero recordó que el secreto bancario ya fue eliminado para el INE desde la investigación del Pemex-Gate, y recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también eliminó el secretario ministerial para las investigaciones de fiscalización de la autoridad electoral en el caso Pío López Obrador y más recientemente a través de una jurisprudencia general. Por ello, dijo, los legisladores deben tomar nota de ello e incluirlo en la ley electoral.
“¿Qué propongo? Crear una unidad de fiscalización autónoma, que no dependa de ningún poder, que sea técnica, que cuente con los mejores contadores en materia electoral, con un auditor de prestigio y que ellos revisen de manera estricta a los partidos políticos. Así tendríamos un órgano especializado en materia de fiscalización, y un tribunal especializado, porque los actuales magistrados ninguno tiene experiencia en la materia.
“Ahora, ¿cómo podemos evitar el dinero del narco en las campañas electorales? Es un tema sumamente difícil, pero necesitamos utilizar realmente la Unidad de Inteligencia Financiera como una colaboración hermana de la unidad técnica de fiscalización del INE, y toda la información que le requiera a la CNBV, a cualquier banco, a cualquier casa de bolsa.
“La realidad es que los partidos contratan con un proveedor y este con un tercero, y a ese tercero ya no lo fiscaliza el INE porque no tiene una relación directa con el partido. Ese tercero va y mete el dinero en una casa de bolsa, y de ahí lo saca en el extranjero, y ya nadie le da seguimiento, y ese dinero regresa en efectivo para quienes presiden los partidos, si no, no sería un negocio los partidos políticos.
“¿Cómo podemos verificar la entrada del narco? Si sabemos que tenemos 100 millones de pesos para una campaña presidencial, que salen de recursos públicos, se puede hacer que esas colaboraciones que propongo entre la UIF y el sistema de banca bursátil de México; podemos verificar realmente a ese proveedor y dónde terminaron los recursos. Y en caso de existir alguna irregularidad, revisar a ese proveedor y todas las personas físicas y morales que están detrás de él. Si no somos tan rígidos en verificar en dónde está cayendo el dinero vamos a seguir con una fiscalización floja”, explicó.
Contras las campañas anticipadas de políticos
El especialista en derecho electoral, Eric Guerrero Luna, planteó que las iniciativas que se discuten en la Cámara de Diputados también olvidan una regulación a los actos anticipados de campaña que se ven actualmente de políticos de prácticamente todos los partidos, algunos de ellos -como Morena y el PRI- que han creado figuras de “coordinadores estatales” que posteriormente se convierten en sus candidatos a cargos públicos, principalmente de Gobernador o Gobernadora.
“Lo que estamos viendo es que los partidos políticos le están queriendo dar la vuelta a la ley, y desde 2017 Morena implementó un cargo estatutario que denominado coordinador de la cuarta transformación, y ese termina siendo el candidato.
“Lo que propongo es que pongamos un candado a ello, y tal vez puedan argumentar una supresión de derechos políticos o cortar la libertad de expresión, pero -ojo- lo que yo propongo es que antes de que inicie el proceso electoral, hasta un año antes, cualquier persona que declare que quiere ser aspirante a la gubernatura o cualquier cargo de elección popular no pueda aceptar un cargo partidista, y si lo acepta que no pueda participar en las internas del partido, porque se están adelantando y utiliza los recursos del partido o del gobierno para promocionarse, para ir a eventos, para subirse a un pódium, para que la ciudadanía los conozca, y si hay otro militante que quiera participar va a llegar en desventaja”, planteó.
Propuso incluir en la ley que si los partidos insistieran en colocar como candidatos a quienes aceptaron un cargo partidista, entonces el INE tome como gastos de campaña los recursos que utilizó en dicho cargo, más sus gastos de campaña.
“Que todo el dinero que gastaron en el cargo sea sumado al tope de gastos de campaña, y entonces ahí sí vamos a hablar de equidad. Porque actualmente la autoridad electoral está atada, porque al no haber iniciado la campaña no se le puede sumar el gasto de campaña”, expuso.
Para ello planteó reformar el artículo 3, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer que los “actos anticipados de campaña son los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido o que contengan un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.
