Las actuaciones de algunos jueces federales ponen en riesgo la seguridad en México, ya que con sus resoluciones han liberado a traficantes de drogas o se exceden en sus facultades.
El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, dijo lo anterior durante la presentación del informe semanal Cero Impunidad en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario federal habló de la actuación del juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, Álvaro Niño Cruz, quien ordenó la libertad de dos detenidos, los cuales llevaban 600 kilogramos de cocaína y agredieron al personal de la Secretaría de Marina (Semar).
El juzgador calificó de ilegal la detención al argumentar que esta operación aconteció fuera de la zona económica exclusiva, donde supuestamente la Armada de México no cuenta con facultades legales. Ante esta determinación, la Fiscalía General de la República (FGR) apelará esta determinación.
Mejía Berdeja resaltó que lo grave de este asunto fue que cuando el personal naval aseguró una embarcación menor, los implicados realizaron o trataron de disparar contra la aeronave de la Semar, soltaron una lona para enredarla en el fuselaje de la aeronave para causarle daño y evitar que continuara con la operación.
“No obstante todos estos elementos, el juez decretó de ilegal la detención y los puso en libertad, aquí ya nada más faltaba que el juez les regresara los 600 kilogramos de cocaína”, dijo sobre el desempeño de jueces federales.
En otro caso, mencionó el de la juez Noveno de Distrito de Guanajuato, con sede en Irapuato, Carla María Macías Lovera, quien suspendió provisionalmente el decreto que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que fue una reforma del Poder Legislativo.
La resolución fue impugnada ante un Tribunal Colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional. No obstante, la impartidora de justicia dictó una nueva resolución, en este caso estableciendo la suspensión definitiva.
Esta determinación, agregó, fue recurrida por el Ejecutivo Federal, porque la jueza se excedió al generar efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión.
“Este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y, además, esta jueza se está excediendo en sus facultades.
“Tenemos confianza en que el Tribunal Colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta jueza, pero sí se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país”, enfatizó acerca de la actuación de algunos jueces federales.
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