La reforma judicial, lograda en consenso con el poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, blindó el Poder Judicial Federal (PJF) en su independencia y autonomía al no concretarse la serie de cambios propuestos no solamente por Morena, sino por todas las fuerzas políticas, afirmó Arturo Zaldívar.
“Había quejas muy importantes hacia el poder Judicial. No había autocrítica dentro del PJF y había una intención clara, no solo del partido mayoritario sino de todas las fuerzas políticas en el Congreso de llevar a cabo reformas muy profundas al poder Judicial federal que hubieran no solo puesto en riesgo, sino que hubieran acabado con la independencia del PJF, con las consecuencias que esto traería para la gente”.
En su última conferencia de prensa mensual como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) —su período constitucional terminará el próximo 31 de diciembre—, Zaldívar hizo un resumen de lo logrado en su mandato de cuatro años, que es “demostrable con datos duros”.
En su primer año en el cargo, narró Zaldívar, había iniciativas en análisis para desintegrar la Corte y nombrar nuevas ministras y ministros, tal como lo hizo el expresidente Ernesto Zedillo en 1994; crear un Tribunal constitucional con nuevos integrantes; integrar una Tercera Sala de la Corte anticorrupción para diluir por completo la integración de la Corte de enero de 2019; que quien presidiera la Corte no pudiera encabezar el CJF, y entregar el nombramiento del presidente de la Corte a instancias políticas ajenas del poder Judicial.
“El poder Judicial visto como un botín político. Si esto se hubiera hecho realidad la posición de la Corte en el esquema jurídico mexicano hubiera disminuido considerablemente y el Consejo de la Judicatura y toda la administración y vigilancia de los jueces se estaría manejando con criterios meramente políticos y respondiendo a intereses económicos ajenos al PJF”, aseguró.
Y se jactó de entregar “un poder Judicial independiente, renovado y autónomo, como se demuestra en las sentencias que emiten jueces y juezas, magistrados y magistradas, y esta Corte, todos los días”.
Anunció que en su periodo la Corte habrá de resolver cuatro asuntos relevantes, entre otros el relacionado con la prisión preventiva oficiosa y la controversia promovida por la Cámara de Diputados contra el acuerdo del Ejecutivo federal expedido en mayo de 2020, que detalla el uso de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.
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