Un nivel de impunidad de 56.6 por ciento en feminicidios y de 91.4 por ciento en homicidios dolosos es muestra de que la estrategia de seguridad en México en la última década no ha funcionado, afirmó un estudio de la asociación Impunidad Cero.
En medio de un aumento de la militarización a la par de la violencia en el país, la organización presentó estas conclusiones en el informe “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022”.
Juan Antonio Le Clercq, coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas de Puebla, aseguró que estas cifras revelan que la estrategia de seguridad en México “no ha funcionado”.
“Estamos en un momento crítico donde deberíamos revisar que la estrategia, no solo de este sexenio, sino de toda una década, no ha funcionado”, aseveró.
La investigación determinó que en 2021 México registró una tasa de 27 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes, lo que significa que hubo 94 víctimas diarias y 10 mujeres asesinadas cada día.
Además, es uno de los países con mayores tasas de homicidios intencionales en América Latina, con 28 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Aunado a ello, solo dos de cada 10 muertes violentas de mujeres en 2021 se indagaron como feminicidio, asesinato de una mujer por violencia de género.
Esto pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio.
“Esto refleja los claros problemas de tipificación que existen en el país”, dijo Monserrat López, analista de Impunidad Cero, quien presentó el informe.
Según la organización, la tasa de feminicidios en el país durante 2021 fue de 1.55 feminicidios por cada 100 mil mujeres, un aumento de 125 % ante 2015.
El documento precisó que en los últimos seis años solo siete de cada 100 casos de homicidio se han esclarecido y en este mismo periodo menos de la mitad de los feminicidios han concluido en una condena.
Asimismo, destacó que al cierre de 2021, la tasa de agentes del Ministerio Público por 100 mil habitantes fue de 10.1, la tasa de policías de investigación fue de 12.5 y la tasa de peritos del Ministerio Público fue de 6.6.
Le Clercq dijo que estas cifras reflejan que la estrategia de seguridad de la última década “ha fracasado” y esto se refleja en la falta de tranquilidad en la población y la normalización de la violencia.
Es por ello, argumentó, que debe realizarse una revisión más profunda de la estrategia de seguridad en el país, y discutirla “más allá de partidos políticos, que se pueda sostener a lo largo del tiempo y que tenga la participación, además, de organizaciones no gubernamentales y especialistas”.
En su participación, López añadió que no es suficiente con castigar a los responsables.
“La justicia es un fenómeno más amplio que incluye el resarcimiento del daño para las víctimas”, explicó.
El documento también recomendó impulsar acciones de prevención de la violencia de género, armonizar los tipos penales de feminicidio en todas las entidades del país, fortalecer las capacidades de investigación de los delitos y apostar por la reinserción social.
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