La CNDH responsabilizó a la Guardia Nacional por graves violaciones a derechos humanos. Foto: Especial
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que elementos de la Guardia Nacional asesinaron a un estudiante de la Universidad de Guanajuato.
A través de la Recomendación 80VG/2022 dirigida a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la CNDH señaló que, además de la persona asesinada, también se violentaron los derechos de tres más quienes viajaban en el vehículo baleado por los guardias nacionales.
El pasado 27 de abril de 2022, refirió la CNDH, inició una investigación de oficio por violaciones de derechos humanos de los cuatro jóvenes estudiantes guanajuatenses.
La autoridad narró que las víctimas se encontraban conviviendo en un terreno cercano a las instalaciones de la escuela cuando, al retirarse en sus vehículos, comenzaron a recibir disparos por parte de elementos de la Guardia Nacional.
Derivado de esto, una de las personas recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte y otra fue lesionada de un hombro.
A pesar de que los agresores declararon que los jóvenes huyeron a alta velocidad en cuanto vieron a los elementos de seguridad, por lo que tuvieron que perseguirlos y dispararles, la CNDH advirtió que los miembros de la Guardia Nacional no actuaron de acuerdo a los principios de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional.
Además, que el uso de la fuerza fue ilegal porque no existía una amenaza real e inminente, que ameritara el uso de armas letales para salvaguardar su vida e integridad.
La CNDH afirmó que los jóvenes agredidos nunca opusieron resistencia y tampoco agredieron a los elementos de seguridad; por el contrario, se encontró que los agresores dispararon de inmediato y directamente a las víctimas, sin motivo aparente.
Por estas acciones, la CNDH recomendó que las cuatro víctimas directas, además de siete indirectas, fueran integradas en el Registro Nacional de Víctimas para que reciban reparación integral del daño inmediatamente; además de atención médica, psicológica, tanatológica y de rehabilitación.
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