La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo, del juez de control en turno del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, una orden de aprehensión en contra de 22 personas relacionadas con el desfalco millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Las autoridades dieron a conocer que los delitos imputados y por los que se giró la orden, contra estas personas, fueron delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, en el ya mencionado desfalco a Segalmex.
De acuerdo con datos de la FGR, de las 22 personas, 12 fungieron como servidores públicos en Segalmex, cuatro pertenecían a las empresas con las que los funcionarios se coludieron y, las seis restantes fueron personas beneficiadas de los recursos que dio el organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
En un comunicado, la Fiscalía indicó que, presuntamente, en el grupo acusado se celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos que ascendieron a la cantidad total de 142 millones 440 mil 883 pesos.
Según las autoridades, los contratos por esta cantidad de dinero fueron por la supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que serían utilizadas en beneficio de los ciudadanos de la República mexicana.
Este caso contra los 22 sujetos presuntos responsables forma parte de la sexta judicialización que la FGR ha realizado en cuatro carpetas de investigación.
La Fiscalía, en el comunicado 127/23, adelantó que aún existen más carpetas que serán judicializadas en próximos días y que están relacionadas a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de la institución del Estado Mexicano.
El caso del desfalco a la Segalmex, para noviembre de 2022, ya tenía abiertos 661 expedientes de investigación en la Secretaría de la Función Pública y se habían presentado 38 denuncias ante la FGR por irregularidades al interior del organismo y cuyo caso ha sido catalogado por funcionarios de la Función Pública como “emblemático”.
Mientras que en el mismo mes del año pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ya había instruido a la Segalmex a que diera a conocer el número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República por la falta de casi 900 millones de pesos que habrían sido pagados a empresas que no cumplieron con los servicios contratados.
Además, se le había solicitado al organismo que informara sobre las acciones jurídicas para recuperar los recursos.
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