Activistas y organizaciones civiles denunciaron este lunes un acuerdo entre el Gobierno de México y la alianza de oposición “Va por México” para aprobar una reforma constitucional que blindará a los partidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El opositor Movimiento Ciudadano (MC), el único partido que no apoya la iniciativa, denunció que la reforma limitaría el actuar del TEPJF para que ya no pueda decidir sobre acciones afirmativas para grupos minoritarios, paridad de género y procesos internos de los partidos.
“La propuesta debilita el avance democrático y da término a 26 años de trabajo y consolidación de este órgano especializado para garantizar los derechos político electorales”, indicó MC en un posicionamiento.
El proyecto, que se discutiría este lunes a las 18:00 horas en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, reformaría los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución para limitar las atribuciones del TEPJF, el órgano judicial autónomo que falla sobre materia electoral.
La reforma se discute tras la aprobación de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como “el plan B”, que recorta 3 mil 500 millones de pesos (175 millones de dólares) y atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que organiza las elecciones.
Pero a diferencia de esa reforma, en esta ocasión hay un acuerdo entre el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos tradicionales de oposición: Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).
“Recapaciten”, pidió la organización Sociedad Civil México, que en el pasado ha convocado a las marchas para defender al INE de las reformas de López Obrador.
“Llamamos a los grupos parlamentarios a que atiendan la preocupación de la ciudadanía en relación a esta iniciativa de reforma constitucional y pospongan la discusión de dicho dictamen para después de la elección (presidencial) de 2024″, indicó en un posicionamiento.
En tanto, grupos que representan a poblaciones históricamente discriminadas, como LGBT+ Rights México, el Colectivo de Personas con Discapacidad, YAAJ México y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, advirtieron de retrocesos en la su representatividad.
Estas agrupaciones consideraron que se podrían perder avances, como los escaños y candidaturas que el TEPJF ha ordenado respetar para estas poblaciones.
“Esta iniciativa en Diputados es muy preocupante. Impediría que el TEPJF haga cumplir las reglas sobre la participación equitativa de mujeres, personas LGBT y otras minorías en la política”, coincidió Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch (HRW) en Twitter.
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