El INE descartó imponerle medidas cautelares al presidente López Obrador. Foto: Especial
La Comisión de Quejas y de Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de pedir el voto ciudadano en 2024 en favor de los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Por decisión de mayoritaria de los nuevos consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño, la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió que las expresiones del primer mandatario se encuentran vinculadas con una posible reforma constitucional al Poder Judicial y con los porcentajes de integración de una nueva legislatura federal, no así con los procesos electorales locales que actualmente se llevan a cabo en el Estado de México y Coahuila.
La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala Pérez, se pronunció en contra, pues dijo que las expresiones del titular del Ejecutivo federal pueden ocasionar un daño irreversible.
Con el voto de López y Montaño, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedente ordenar el retiro parcial de la conferencia mañanera denunciada, toda vez que no se advirtió urgencia o peligro en la demora que justifique la medida, ya que el proceso electoral federal dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año, aunado a que se tratan de publicaciones realizadas en fecha pasada en páginas oficiales y redes sociales, a las que debe mediar la voluntad para acceder y buscar el contenido específico.
Asimismo, negó la tutela preventiva correspondiente a ordenar al presidente de México se abstenga de formular pronunciamientos encaminados a solicitar el voto en favor o en contra de alguna fuerza política, al tratarse de hechos futuros de realización incierta.
Sin embargo, emitió un pronunciamiento a López Obrador, a fin de que en todo tiempo ajuste sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcando la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad con el propósito de no afectar en la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas.
En otro asunto, también por mayoría de dichos consejeros, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó implementar medidas cautelares contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal, considerados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como sus “corcholatas” para el 2024.
Además, conoció de siete solicitudes de cautelares en contra de los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dos senadores de la República por actos anticipados de campaña y precampaña, presunta promoción personalizada y el probable uso indebido de recursos públicos en el marco del Proceso Electoral Federal (PEF) 2024.
En todos los casos no se otorgaron las medidas cautelares solicitadas por no advertirse peligro o urgencia en la demora que justifique la eliminación de los materiales denunciados, pues si bien se tiene certeza de la celebración del Proceso Electoral Federal 2024, el mismo dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año.
Sobre publicaciones en las redes sociales de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram se negó su retiro, ya que para su consulta debe mediar la voluntad de las personas para acceder a dichos contenidos. En todos los asuntos se negó la tutela preventiva, al tratarse de hechos futuros de realización incierta.
En tanto, sobre la denuncia de Morena en contra del PRD, por presunta calumnia y uso indebido de la pauta derivado de la difusión de dos promocionales en televisión y radio, en los cuales se responsabiliza de diversas causas a Morena y a su candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, la Comisión de Quejas y Denuncias negó el retiro de los spots porque no constituye un acto de calumnia, luego de determinar que no se trata de una imputación específica de un hecho o delito falso de forma clara y sin ambigüedades.
Sobre el probable uso indebido de recursos públicos en ese caso, será la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que analice el fondo del asunto.
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