Este jueves, la organización Causa en Común exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a los militares que presuntamente mataron a cinco personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo.
“Exigimos a la Fiscalía, al gobernador Américo Villarreal y al secretario de Seguridad Pública del estado, Sergio Hernando Chávez, que se investiguen los hechos con estricto apego a la ley, se deslinden responsabilidades y se juzgue a los elementos castrenses en tribunales civiles”, reclamó en un comunicado Causa en Común.
La organización demandó un plan para el retiro gradual y definitivo de las Fuerzas Armadas del país, así como retomar el “fortalecimiento y desarrollo de los y las policías”.
Causa en Común expuso que varios medios de comunicación compartieron en días recientes el video de una cámara de seguridad que muestra una persecución por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a sujetos presuntamente armados que, tras su detención, fueron aparentemente ejecutados.
Posteriormente, se observa a los militares manipular la escena del presunto crimen, poniendo armas al lado de algunos de los cuerpos inertes y retirándole las esposas a otro.
“No es la primera ocasión en que elementos de las Fuerzas Armadas realizan ejecuciones, ni la primera vez que se manipula una escena del crimen para simular enfrentamientos”, esclareció.
Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar, pues apenas en febrero pasado militares también mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Mientras que en abril pasado, también en Nuevo Laredo, un tiroteo de la Guardia Nacional dejó dos civiles muertos, incluyendo una mujer embarazada de ocho meses.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el pasado miércoles la ejecución y aseguró que los involucrados ya están “bajo resguardo” de las autoridades.
“Me informaron y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores Gobiernos”, aclaró.
El gobernante defendió que en su Gobierno “cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables”.
Pese a las evidencias, el mandatario insistió que en su Administración ya no ocurren violaciones de derechos humanos.
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