Este miércoles, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza presentó un informe a través del cual determinó que la construcción del Tren Maya viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya.
“El veredicto del Tribunal destaca la violación de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. Se considera un crimen de ecocidio y etnocidio, y el Tribunal responsabiliza al Estado mexicano”, destacó el organismo.
Dicho veredicto está firmado por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, quienes denunciaron que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales, sin alteraciones humanas.
Así como el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
El Tren Maya, que se inaugurará en diciembre, ha estado rodeado de polémica desde su planeación, debido a las denuncias de destrucción de la biodiversidad.
La obra contempla 1,554 kilómetros de vía para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados del sureste de México: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Ante los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, López Obrador declaró la construcción como un proyecto de seguridad nacional e interés público, medida con la que bloqueó la información al respecto y las investigaciones sobre posibles irregularidades.
Entre las principales afectaciones reflejadas en el veredicto destacan la contaminación de acuíferos, la deforestación -hasta 10 millones de árboles talados-, la extinción de flora y fauna o la destrucción de cenotes.
Respecto a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denuncia la falta de consultas para que el Tren Maya atraviese sus territorios o la militarización de la región para supervisar el proyecto.
Además, el Tribunal pide al Gobierno mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra; reparar y restaurar los ecosistemas afectados; y suspender la expropiación de tierras ejidales.
Finalmente, la organización anunció que entregará el veredicto a López Obrador y a varias instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH); el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Cabe mencionar que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución global creada por ciudadanos, para investigar y difundir hechos que atenten contra el medioambiente.
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