La Segob solicitó juicio político contra un juez federal del estado de Tamaulipas. Foto: Especial
Por presuntamente favorecer a integrantes de grupos delictivos, el Gobierno de México solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el inicio de un juicio político contra el juez federal Crescencio Contreras Martínez, quien tiene su jurisdicción en el estado de Tamaulipas.
“Existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”, informó la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, entregó -este martes 30 de enero- la petición de juicio político a la Secretaría General de la cámara baja.
El Gobierno de México sostiene que el juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ordenó la liberación de un grupo criminal presuntamente vinculado con el secuestro de 31 personas migrantes, en el estado de Tamaulipas.
Asimismo, afirmó que el juez federal también ha beneficiado a probables responsables de delincuencia organizada, tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y cohecho.
“Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”, explicó la Segob.
Una vez presentada la petición de juicio político por parte del Gobierno de México, la Cámara de Diputados deberá investigar y analizar la actuación del juez federal Crescencio Contreras Martínez; posteriormente, el Senado de la República deberá pronunciarse sobre la posible destitución del juzgador.
“En el marco de los trabajos el Gabinete de Seguridad se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”, enfatizó la Segob.
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