“Yo ni esperaba que aprobaran (la compra). Pero fue un avance”, afirmó el mandatario quien informó que condicionará la adquisición al cumplimiento de diversas condiciones
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno pagará el 26 de febrero las 13 plantas generadoras de electricidad que compró a la española Iberdrola, pese a que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó en la víspera que condicionará la adquisición al cumplimiento de diversas condiciones.
La transacción de 6,000 millones de dólares fue anunciada en abril de 2023 e involucra a 12 plantas de ciclo combinado con una capacidad de 8,400 megavatios y una eólica de 103 megavatios. La compra fue calificada por el mandatario como una “nueva nacionalización” de la industria eléctrica mexicana.
“Se portaron bien (Iberdrola), porque cumplieron; ahora les vamos a pagar el día 26 de este mes, a ver si el 27 ya voy a una planta”, dijo López Obrador en rueda de prensa. “Se está por cerrar la operación pero sí fue un buen paso”, agregó.
“Yo ni esperaba que aprobaran (la compra). Pero fue un avance”, afirmó AMLO. El presidente cuestionó a la Cofece por considerarla un organismo creado por sus antecesores para poner al Gobierno al servicio de empresas particulares, en lugar de para defender a particulares.
Afirmó también que el fallo del regulador pretende poner limitaciones para que las plantas no paguen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -a la que el presidente ha buscado dar mayor preponderancia en el sector con varias reformas legales-, con el “pretexto” de evitar un monopolio.
El primer mandatario anunció que su administración está buscando mecanismos legales para cumplir con las condiciones de la Cofece, que el jueves dijo que los compradores deberán operar las 13 plantas de manera independiente y evitar el intercambio de información sensible o estratégica entre competidores.
El regulador también señaló que se deben fijar controles para que las decisiones sobre la administración de las plantas sólo puedan ser adoptadas mediante votaciones calificadas o con la intervención obligatoria de inversionistas institucionales o miembros independientes.
Además, estableció que los directivos y otros encargados de la operación de las plantas deberán abstenerse de tener cargos en algún otro competidor; además de que no podrán ser designados quienes fueron servidores públicos en los últimos cuatro años.
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