Jueces y magistrados federales manifestaron su apoyo a la presidenta de la SCJN, Norma Piña. Foto: Especial
En medio de la polémica por la supuesta investigación contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó su “absoluto respaldo” a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.
Asimismo, dicha agrupación de juzgadores rechazó que exista “cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada, para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico”.
Previamente, el expresidente del Alto Tribunal anunció que presentará denuncias contra la actual titular de la SCJN ante la Fiscalía General de la República (FGR); además, el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que emprenderá un juicio político contra la ministra.
Tanto Zaldívar Lelo de Larrea como el dirigente nacional morenista acusaron a Piña Hernández por presuntamente actuar contra la llamada Cuarta Transformación, así como supuestamente operar política y jurídicamente para perjudicar a la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.
En este sentido, la JUFED enfatizó que la advertencia de juicio político busca intimidar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
“El juicio político es un instrumento constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos, pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante. En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, expresaron jueces y magistrados en un comunicado.
Además, afirmaron que -durante los últimos años- han aumentado “exponencialmente” las quejas -ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)- contra personas juzgadoras que han fallado a favor de los derechos humanos y en contra de las autoridades del Gobierno de México.
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