El Gobierno de México alertó este martes sobre la posible liberación de al menos 68 mil criminales si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide eliminar la prisión preventiva oficiosa, que se establece en el artículo 19 de la Constitución.
“Esta decisión impactaría en la presunta liberación de 68 mil delincuentes”, afirmó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La funcionaria se refirió a la discusión de la SCJN sobre el tema, enlistada desde el 23 de enero, que busca anular la prisión preventiva oficiosa, negar las órdenes de arraigo y realizar una investigación independiente en casos donde se denuncie tortura.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar y automática que se aplica ante delitos considerados graves, como violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio o delincuencia organizada, y a través de ella puede encarcelarse a un imputado sin condena previa por un plazo máximo de dos años.
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