La titular de Seguridad acusó al juez de admitir y dar “plena validez” a los indicios de la defensa de Abraham Oseguera
Este martes, el Gobierno mexicano confirmó que Abraham Oseguera Cervantes quedó en libertad y consideró el caso un “asunto de Estado”, porque afectaría a las instituciones.
“Se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013 y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado”, advirtió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante la conferencia del Gobierno federal, la funcionaria explicó que Oseguera Cervantes quedó detenido el pasado 21 de abril, pero “sorpresivamente” un juez no lo procesó pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó la carpeta de investigación y elementos para legitimar su detención.
“El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado”, reclamó Rodríguez.
La titular de Seguridad acusó al juez de admitir y dar “plena validez” a los indicios de la defensa, como videos editados y segmentados en los que “se presume” una manipulación para mostrar que la detención no fue legal.
Por ello, dijo, el Ejecutivo solicitó el lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revisara el proceso y evitara la liberación de Don Rodo y, de forma paralela, pidió a Estados Unidos información sobre procesos o denuncias pendientes contra él.
Esto, abundó, para no ser omisos en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses no confirmaron si había algún proceso pendiente contra el detenido.
“Por lo que fue puesto en libertad durante la noche en los términos ordenados por el juez”, enfatizó.
Finalmente, precisó que si las autoridades tardaron en cumplir la orden de liberación del juez fue porque el Gobierno mexicano consideró que se debía hacer una revisión “exhaustiva” del caso para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones.
Afirmó que no cumplir con la orden del juez implicó dos multas de 25,000 pesos, que el Gobierno procederá a pagar.
“Pues consideramos que era mejor esperar a ser víctimas del escarnio de parte de gobierno extranjeros”, concluyó.
El lunes, la FGR advirtió que presentará un recurso de apelación a la liberación de ‘Don Rodo’, hermano del presunto líder de un grupo criminal originario de Jalisco.
