Los afectados por el derrame tóxico de Grupo México pidieron justicia a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum; exigen frenar impunidad por el caso y acceso a agua potable libre de contaminantes
A casi 10 años del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre que contaminó el río Sonora, los afectados pidieron a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, justicia y frenar la impunidad que Grupo México ha vivido durante los dos últimos Gobiernos.
“Los Comités de Cuenca Río Sonora viajamos más de mil 500 kilómetros hasta llegar a Palacio Nacional para exigir a las autoridades que pongan ya un alto a la impunidad en la que ha estado Grupo México desde hace casi 10 años”, señalaron en un pronunciamiento público.
Además, proyectaron durante la noche del domingo mensajes en la fachada del Palacio Nacional, en los que se leía: “Claudia: frena la impunidad en el río Sonora” y “Grupo México; dos sexenios en la impunidad”.
Los Comités de Cuenca Río Sonora, un movimiento de personas afectadas por el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi, pidieron a la próxima presidenta cuatro puntos focales. Entre ellos, que frene la impunidad de la minera Grupo México, pues acusaron que se roba la riqueza de su región y deja a cambio enfermedades y muerte.
Recordaron que el derrame de 40 millones de litros de tóxicos que ocasionó la empresa en 2014 aún tiene efectos sobre su salud física y mental, así como en el medio ambiente al contener la presencia de metales pesados.
“Quienes vivimos en el río tenemos en nuestros cuerpos altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados; hemos perdido amigos y familiares por las enfermedades que causan estos contaminantes, y nadie nos ha dado atención a la salud especializada en toxicología”, dijeron.
Alertaron que los menores toman agua contaminada en las escuelas, pues dictámenes oficiales confirman que todos los pozos que son fuente de agua potable tienen arsénico y 50 por ciento de ellos altos niveles de algún contaminante.
“Además, no existen las 36 plantas potabilizadoras que nos han prometido todos estos años”, añadieron.
Por ello, también piden acceso a agua potable libre de estos contaminantes y la llegada de las plantas que se prometieron. Además, pidieron dejar de simular la atención a su salud, atención especializada en toxicología y la reparación total del daño y garantías de no reparación para la empresa minera.
Los pobladores que viven cerca de los ríos contaminados consideraron que la próxima presidenta “tiene todo a su favor para ordenar la coordinación institucional que tanta falta ha hecho” y que no se dio durante el sexenio de López Obrador.
“En su administración (de Sheinbaum), las audiencias que se nos han negado pueden concretarse, y con ello, la enorme oportunidad de trabajar en conjunto con las víctimas para lograr justicia y reparación integral”, concluyeron.
El 6 de agosto de 2014 ocurrió el que ha sido considerado como el mayor desastre ecológico en la historia de la minería por el derrame tóxico de la mina de Cananea, que dejó atestado de metales pesados los ríos Sonora y Bacanuchi que atraviesan los municipios de Cananea, Ures, Huepac, Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviacora y Arizpe, en el estado de Sonora, noroeste del país.
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