El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contactó a Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta de México, para iniciar un diálogo sobre la relevancia de contar con un regulador autónomo en las industrias de telefonía, Internet, radio, televisión y otros servicios relacionados con la conectividad de los mexicanos.
La desaparición del IFT como existe hoy —órgano autónomo protegido todavía por la reforma constitucional del 2013 y uno de los reguladores de telecomunicaciones más reconocidos de América Latina, como la novedosa CRC de Colombia que se hizo con más atribuciones regulatorias y la poderosa Anatel de Brasil que logró la licitación 5G más exitosa del mundo—, está incluida en el paquete de 18 reformas bautizadas como “Plan C” que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encargado a Sheinbaum ejecutar a partir de septiembre.
El IFT es reconocido incluso por el regulador Ofcom del Reino Unido, pues esa entidad se inspiró en la experiencia del regulador mexicano en materia de portabilidad numérica. La Anatel de Brasil y el IFT de México también recién mantuvieron su visión ante la de Estados Unidos sobre el futuro de la banda de los 6 GHz que ese país quería imponer para toda América , para que ese espectro pueda ser utilizado por diferentes tecnologías de conectividad de las personas en tiempos del 5G.
La justificación en público del gobierno federal para desaparecer al IFT y otros órganos autónomos es el costo que significa su operación para los mexicanos, si bien el IFT había recaudado 68 mil 430.46 millones de pesos ( 3 mil 400 millones de dólares ) por su trabajo regulatorio a favor de la Tesorería de la Federación en la primera mitad del gobierno de López Obrador y todavía entre enero y marzo del 2024, el IFT recaudó para el gobierno un total de 12 mil 790 millones de pesos ( 730.2 millones de dólares ), recursos que en parte financiaron los programas sociales de la 4T.
Recientemente la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum descartó una próxima reunión con el Inai, otro de los reguladores autónomos, con el argumento de que la reforma relacionada con estas entidades no está prevista para discutirse en los primeros días de septiembre —cuando inicia la nueva legislatura en el Congreso de la Unión—dentro del “Plan C”.
A pesar de ello, el IFT emprendió un “Plan D” que justifica su existencia y el empleo de 1,428 mexicanos, que de pasar el Congreso el “Plan C”, serían trasladados a la Secretaría de Infraestructura , Comunicaciones y Transportes ( SICT), a través de un esquema todavía desconocido.
El IFT comenzó entonces un “Plan D” con el equipo de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de que continúe su autonomía y especialidad técnica que ha permitido mayores equilibrios en el sector.
Arturo Robles , comisionado del IFT con especialidad en materia técnica, detalló más en el contacto de esta autoridad con el equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum: “En cuanto la autoridad confirmó los cómputos distritales, el pleno del IFT mandó por canales institucionales al equipo de campaña ya la propia doctora Sheinbaum el interés y la invitación a iniciar un diálogo”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere asignar las funciones del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Así, el trabajo que hoy hace el IFT quedaría en manos de una oficina subordinada de la SICT que respondería más rápidamente a los intereses del Poder Ejecutivo Federal y con una figura jurídica muy similar a la del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom).
La iniciativa de reforma promovida en febrero pasado por López Obrador para desaparecer al IFT se sustenta con 26 palabras de un documento de 64 páginas en el que también se plantea eliminar al Inai y la Cofece.
En tres renglones de argumentación, el presidente no cita por qué es positivo eliminar al IFT en momentos en que México se muestra atractivo a la inversión por la relocalización de industrias o nearshoring que demanda de moderna infraestructura de telecomunicaciones y de un regulador especializado que transmite certidumbre.
El presidente calificó el 5 de febrero de 2024 al Instituto Federal de Telecomunicaciones como un regulador “gigantesco” en estructura y de “elevados” salarios, e incompetente para acabar con los “monopolios”.
En telefonía móvil, Telcel pasó de acaparar el 80 por ciento del negocio celular, al 60 por ciento por volumen de usuarios; Telmex, de dominar al 70 por ciento del internet fijo en 2014, a poseer el 39 por ciento de las suscripciones. AT&T, gracias al trabajo regulatorio del IFT y las inversiones de esa compañía a la creación de infraestructura, ha logrado alcanzar los 22 millones de usuarios mexicanos. Y Grupo Televisa se expandió de la radiodifusión a las telecomunicaciones a través de Izzi , mientras Megacable y Totalplay se han convertido en líderes en la inversión a redes de fibra por las garantías que ofrece el regulador.
Las empresas Altán Redes y CFE Telecom son dos operadoras capitalizadas por la 4T que también han apoyado la cobertura, gracias a las concesiones que el IFT les entregó.
La industria mexicana de telecomunicaciones y radiodifusión creció 144.7 por ciento entre junio de 2013 y marzo del 2022, según datos del IFT, a través de información que las compañías le envían trimestre a trimestre por obligación regulatoria de esa autoridad.
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