Los grupos parlamentarios encabezados por Rubén Moreira (PRI), Jorge Herrera (PAN) y Javier Huacus (PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de amparo y de amnistía promovidas por López ObradorLos grupos parlamentarios encabezados por Rubén Moreira (PRI), Jorge Herrera (PAN) y Javier Huacus (PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de amparo y de amnistía promovidas por López Obrador
Los líderes parlamentarios del PAN, PRI y PRD de la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de amparo y de amnistía promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en este año.
Los grupos parlamentarios encabezados por Rubén Moreira (PRI), Jorge Herrera (PAN) y Javier Huacus (PRD) presentaron este recurso luego de que dichas reformas fueron publicadas en el “Diario Oficial de la Federación” y al cumplir los requisitos constitucionales de un tercio de las cámaras que exige la Carta Magna para presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior, al señalar que, en el caso de la reforma a la Ley de amparo aprobada por la mayoría oficialista, esta impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando estos afecten el interés de la sociedad, lo que implica que esta herramienta deje de ser efectiva para defender los derechos de la ciudadanía.
“Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de amparo deja de ser un medio efectivo de protección. Con esta restricción, el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil, ya que la ley reformada garantizaba que cualquier suspensión que afectara sus derechos era aplicable a cualquier persona. Sin embargo, con esta modificación deberán contratar abogados especialistas, cuyos servicios suelen ser altos”, alertaron.
Asimismo, se dijo que la reforma a la Ley de amparo impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos cuando estos afecten los derechos humanos de la ciudadanía.
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