Trabajadores del poder Judicial amagan con paro de labores

La jueza Juana Fuentes precisó que la suspensión de labores, como última medida, tendrá el propósito de que la reforma sea integral y producto del consenso entre las mayorías legislativas y demás actores sociales

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) de México anunció este martes su intención de convocar un paro indefinido de labores en respuesta al avance de la reforma judicial impulsada por el oficialismo, que busca elegir por voto popular a los jueces.

Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, explicó durante una manifestación a la entrada del edificio del poder Judicial en la Ciudad de México que los integrantes de la judicatura formaron una “coalición para la defensa de la independencia judicial”, como previsión de la posible aprobación de la reforma por la amplia mayoría con la que contaría el oficialismo en el nuevo Congreso, que tomará posesión el 1 de octubre.

“En su caso, (los trabajadores del poder Judicial) acordaremos la suspensión temporal de trabajo, en uso de un derecho de rango máximo”, señaló Fuentes Velázquez.

La jueza precisó que “la suspensión de labores como última medida” será empleada “con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales”.

“Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirían decretarla en el momento en el que se vuelva necesaria”, avisó.

Abogan por una reforma integral

Fuentes Velázquez subrayó que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende la elección de jueces y ministros por voto popular, “sin duda alguna abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales”.

Así mismo, la jueza advirtió: “Aunque esta propuesta puede parecer una medida democrática, es fundamental reflexionar sobre los riesgos que implica para la independencia judicial, la estabilidad constitucional y la protección de los derechos humanos, especialmente de las personas más vulnerables”.

“Cuando la justicia se convierte en un juego político, los derechos humanos de quienes no tienen voz y poder se ven relegados”, alertó.

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