El mandatario afirmó que, aunque la ley establece que la huelga es ilegal, su gobierno respetará el derecho a la protesta
El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la huelga convocada por jueces y trabajadores judiciales contra la reforma que busca implementar elecciones populares en el Poder Judicial. En su conferencia matutina de este martes, aseguró la acción de “ilegal” pero minimizó sus consecuencias, asegurando que “no pasa nada”.
El mandatario afirmó que, aunque la ley establece que la huelga es ilegal, su gobierno respetará el derecho a la protesta.
“No va a suceder nada, no pasa nada, y en lo que a nosotros corresponde: respeto absoluto a su huelga, libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar”, puntualizó.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) convocó a un paro nacional a partir del miércoles, en respuesta a la propuesta de reforma judicial que permitiría, desde 2025, la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular. La Jufed sostiene que esta medida podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial.
A pesar de la preocupación manifestada por los jueces, López Obrador sostuvo que la oposición a la reforma busca “mantener privilegios” y perpetuar un sistema judicial al servicio de una minoría.
Según el presidente, la huelga no afectará a la mayoría de los mexicanos, e incluso podría ser beneficiosa, ya que evitaría la liberación de delincuentes tanto de crimen organizado como de “cuello blanco”.
“Si no están los jueces, si no están los magistrados, si no están los ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado. Y, cómo no van a trabajar los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”, dijo.
La reforma constitucional del Poder Judicial, impulsada por el oficialismo, se votará en septiembre, cuando se espera que el partido gobernante obtenga la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución sin oposición significativa.
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