López Obrador volvió a minimizar la huelga del Poder Judicial, asegurando que no afectará al país y que su reforma está enfocada en combatir la corrupción
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la huelga nacional del Poder Judicial, iniciada este miércoles, no representará “ningún problema” para su gobierno ni para el país.
El paro, convocado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), se opone a la reforma constitucional que propone la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, la cual será discutida en septiembre en el Congreso.
Durante su conferencia matutina, AMLO insistió en que el movimiento no afectará al país, argumentando que los jueces “no atienden a la población” y que su inactividad podría incluso ser beneficiosa al no liberar a delincuentes. Según el mandatario, la reforma no perjudicará a los trabajadores judiciales, sino que está dirigida a combatir la corrupción en las altas esferas del Poder Judicial.
“Se los digo porque luché durante muchos años contra el régimen: no pasa nada con su movimiento, no importa porque ellos no atienden a la población. Yo les diría que, al contrario, si los jueces, los magistrados y los ministros no están en activo, cuando menos no van a sacar los delincuentes de la cárcel”, dijo.
AMLO afirma que respeta el derecho a huelga
A pesar de haber calificado de “ilegítima” la huelga, López Obrador expresó que respeta el derecho de los trabajadores a manifestarse y aseguró que su gobierno no reprimirá las protestas, reiterando que la libertad es un derecho fundamental que no se implora, sino que se conquista.
“Nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores, ya les dije qué distingue al conservadurismo: uno, son muy hipócritas. Dos, son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, les brillan los ojos por el dinero. Y tres, son muy autoritarios”, sentenció.
El paro del Poder Judicial ha generado controversia, ya que los jueces y empleados judiciales argumentan que la reforma constitucional afectaría la independencia del sistema judicial y permitiría la injerencia de intereses políticos en la justicia. Aun así, López Obrador mantiene su postura, afirmando que la medida es necesaria para erradicar la corrupción y que no habrá repercusiones significativas para la sociedad.
