Trabajadores judiciales redoblan protestas ante aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados y la próxima semana será discutida en el Senado; por ello, se se prevén más movimientos, incluso en el plano internacional
Los trabajadores judiciales mexicanos continuaron con sus protestas y reivindicaciones frente a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue finalmente aprobada en la Cámara de Diputados en la madrugada de este miércoles.
“Nosotros seguimos aquí en pie de lucha, sabemos que todavía no es la última instancia, sabemos que tenemos algunos aspectos importantes que seguir en lo jurídico, no solo a nivel nacional sino también nivel internacional y los agotaremos absolutamente todos”, afirmó la portavoz de los trabajadores judiciales, Patricia Aguayo, ante los medios congregados en las cercanías del órgano legislativo.
Aguayo anunció que el tema va a pasar a manos de los senadores, a quienes exigió que “respetasen el voto” que les dieron en las urnas.
“Esta reforma está invadiendo las funciones del poder judicial, pretenden desaparecer la independencia judicial, la autonomía e inamovilidad de los jueces y esto es una forma de desaparecer el principio de separación de poderes”, explicó el juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón sobre sus motivos para sumarse al paro en protesta de la reforma judicial.
El juez comentó que además de las movilizaciones y el paro, que señaló como “indefinidas”, se están preparando movimientos en el plano internacional.
“Se van a tomar diversas acciones de índole jurídico, ya se ha anunciado a nivel internacional que se han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana en materia de derechos humanos por parte de jueces y magistrados”, advirtió Alarcón, que también señaló acciones ante las Naciones Unidas.
Noé Muñoz González, oficial del Poder judicial, rodeado por sus compañeros habló sobre las razones que le llevan a apoyar las protestas contra la aprobación de la reforma.
“Estamos defendiendo no solamente nuestros derechos laborales como empleados del Poder Judicial, sino el presente y futuro de nuestro país, por eso estamos aquí”, enfatizó Muñoz.
El oficial hizo patente su determinación y la del resto de la carrera judicial para continuar con la lucha y el paro emprendido contra la modificación constitucional que está en marcha.
La también jueza de distrito Sonia Lilia Rodríguez, con jurisprudencia sobre el centro penal federal norte, se mostró positiva respecto a las posibilidades de parar el proceso reformador.
“Soy optimista en el sentido de que muy rápido se han agregado muchas personas (a las protestas)”, afirmó la jueza, que dijo haber sentido el apoyo de la ciudadanía en las calles, y mencionó que la principal afectación de esta reforma es el amparo, que define como “un juicio que se promueve justamente en contra de los actos de las autoridades”.
El denominado juicio de amparo en México es un medio de control de constitucionalidad de los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder previsto por el ordenamiento jurídico mexicano.
“Nuestro juicio de amparo era la joya de la corona jurídica de México, le están dando un golpe muy fuerte a ese instrumento que permitía velar los derechos humanos de todas las personas”, se lamentó la jueza Rodríguez.
El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de reforma del Poder Judicial fue aprobado este miércoles con 359 votos a favor del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 135 en contra de la oposición.
La modificación constitucional, propuesta en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por López Obrador, avaló, entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.
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