Morena promueve iniciativa para trasladar facultades del IFT en materia de protección y derechos de usuarios a la Profeco; el objetivo es la simplificación administrativa, aunque el documento no deja claro si este proyecto de reforma es definitivo
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) promueve una iniciativa de reforma constitucional cuyo fin es trasladar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de protección y derechos de usuarios, hacia la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El argumento de Morena se basa en la supuesta existencia de una doble ventanilla o duplicidad de funciones entre el IFT y la Profeco que generan confusiones a los consumidores; por ejemplo, en la presentación de quejas por servicios deficientes de telecomunicaciones.
El documento de Morena no deja claro si este es un proyecto de reforma definitivo, pues deja en el aire el futuro de ciertos recursos de información como el acceso de los consumidores a los contratos de adhesión entre las empresas y la Profeco sobre los tipos de servicios ofertados en el mercado y que hoy pueden conocerse a través de plataformas del IFT, como el Registro Público de Concesiones.
Además, el proyecto tampoco deja claro si la herramienta “Soy Usuario del IFT” se muda a la Profeco, pues al momento esta herramienta ha apoyado a 45 millones de mexicanos a resolver sus quejas con las compañías prestadoras de servicios.
Esto, tampoco lo explica, por lo que un traslado de las facultades del IFT hacia la Profeco sobre protección y derechos de usuarios, terminaría por fortalecer a la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, una unidad de la Profeco.
Morena reconoce que de aprobarse esta iniciativa de reforma, la Profeco estaría obligada a invertir más recursos en infraestructura para manejar un aumento en el volumen de asesorías y quejas de los usuarios de telecomunicaciones, también tendría que desarrollar mecanismos de supervisión y evaluación de las nuevas responsabilidades que se deriven de quitar esas atribuciones al IFT.
Esta iniciativa calificada de un proyecto de simplificación administrativa, que además propone que la Profeco absorba todas las funciones de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), así como algunas atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otras más del IFT, de llegar a ser aprobado por el Congreso de la Unión, el actual gobierno tendría recursos por 3 mil 622 millones 874 mil 316 pesos (186 millones de dólares) para reasignarlos a proyectos sociales prioritarios desde el año 2025.
Proyecto de reforma impulsado por Ricardo Sheffield
El proyecto de reforma, bautizado como “Simplificación administrativa para la protección de los derechos del consumidor”, es promovido por el senador morenista Ricardo Sheffield Padilla, que entre los años 2021 y 2023 trabajó como jefe en la Profeco.
Respecto al IFT, la reforma propuesta pasa por una actualización de los artículos 191, 238 y 293 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), principalmente. Estos son artículos que tratan sobre la protección y defensa de usuarios, atribuciones ahora en manos del instituto.
Los asesores del senador Ricardo Sheffield sustentan llanamente en este proyecto de reforma que el IFT es el órgano regulador autónomo que más dinero gasta en sus funciones y para reforzar su tesis de la doble ventanilla, los asesores de Sheffield Padilla utilizaron la histórica decisión del año 2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio la razón al IFT y no al Poder Legislativo en materia de regulación de tarifas de interconexión en telecomunicaciones, por ser ese un trabajo técnico que requiere de conocimiento especializado.
Sin embargo, el senador Sheffield y sus asesores insisten en su proyecto que el Poder Legislativo tiene facultades para regular sobre temas especializados, y que en el caso de la llamada “Tarifa cero”, la existencia del IFT “despojó” a la Cámara de Diputados de esas facultades y creó una doble ventanilla, si bien aquel fue un tema más relacionado directamente con empresas del sector, que con el consumidor.
“De los órganos constitucionales autónomos creados en la década anterior, el IFT es el que más presupuesto recibe (…) Los órganos constitucionales autónomos, como es el IFT, tienen carácter ejecutivo, no legislativo (…) La creación de órganos autónomos puede traer como consecuencia la pérdida de potestades para los tres poderes tradicionales, sobre todo a los poderes Legislativo y Ejecutivo. ¿Conviene seguir fragmentando el poder público?”, se lee en el proyecto.
Desaparición de órganos autónomos
La presentación de este proyecto en el Congreso de la Unión se enmarca en un contexto también de simplificación administrativa federal que se traduce como la desaparición del IFT y de otros órganos autónomos, y que en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones podría ocurrir que sus competencias técnicas terminen en una oficina de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y otras en la Profeco.
“Por eso, debe reformarse la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para evitar la doble ventanilla y sea exclusivamente la Profeco, la encargada de promover, proteger, asesorar, defender, conciliar y representar a los usuarios y consumidores, frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones, a través de la subprocuraduría especializada en telecomunicaciones, lo cual generaría ahorros para el Estado mexicano y eficiencia en la gestión pública”, escribió el senador Sheffield en su iniciativa de reforma.
