La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso dos reformas legales para definir las reglas para la selección de candidatos, las campañas y la votación de la primera elección popular del Poder Judicial
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso este lunes dos reformas legales para definir las reglas para la selección de candidatos, las campañas y la votación de la primera elección popular del Poder Judicial, el 1 de junio de 2025.
La mandataria envió dos iniciativas para la Ley General de Instituciones Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema Medios de Impugnación en Materia Electoral para las elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Consideramos que era importante enviar estas leyes secundarias que clarifiquen cómo se desarrolle la elección, entonces se están enviando el día de hoy para su aprobación en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores”, declaró en su conferencia matutina.
Claudia Sheinbaum firmó estas propuestas tras la promulgación el 15 de septiembre de la reforma constitucional al Poder Judicial que instaurará comicios populares para elegir a todos los jueces, pero faltaban leyes secundarias para definir el proceso y la selección de candidaturas.
“El objetivo es que se garanticen los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial, para dar legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia”, expuso la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.
Los mexicanos tendrán una elección extraordinaria el 1 de junio de 2025 para seleccionar al 50 por ciento de los jueces y magistrados federales, algunos jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral, a todos los ministros de la SCJN y a todos los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, detalló Godoy.
El Senado emitirá una convocatoria el 16 de octubre para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial instalen, cada uno, un comité de evaluación el 31 de octubre con cinco personas de “reconocido prestigio jurídico” para definir a los candidatos con procesos “abiertos y transparentes” con paridad de género.
En enero de 2025, los comités de cada poder enviarán una lista de 10 finalistas para las vacantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, y de seis para cada juzgado y tribunal colegiado. Y en febrero aprobarán los listados finales de cada poder para un total de tres candidatos de cada uno de los comités para los tribunales superiores y de dos para cada vacante de jueces y magistrados de tribunales colegiados y de circuito.
Pese a las leyes, la consejera jurídica indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe diseñar las boletas de los comicios, asignar espacios en radio y televisión, organizar foros de discusión de los candidatos y establecer límites de financiamiento personal.
Las campañas, según la reforma constitucional, no pueden recibir financiamiento público ni privado, ni contratar publicidad por su cuenta, por lo que solo podrán difundir su “trayectoria profesional, méritos y visiones” en medios digitales libres y en los espacios públicos designados.
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