La SCJN aceptó la controversia constitucional interpuesta contra la reforma judicial. Foto: Especial
Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la primera controversia constitucional presentada contra la reforma constitucional.
Este martes 8 de octubre, aceptó revisar dicho recurso legal interpuesto por el Gobierno del Estado de Guanajuato, tras la aprobación, promulgación y entrada en vigor de estos cambios constitucionales.
“Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, determinó el ministro.
La controversia constitucional 286/2024 fue presentada por el exgobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien forma parte de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) y concluyó su mandato el 25 de septiembre pasado.
Un día después, tomó posesión la primera mujer gobernadora de aquella entidad federativa, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien también es militante del blanquiazul.
El recurso legal está dirigido contra la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Presidencia de México y los congresos estatales que aprobaron la reforma judicial.
Hasta el momento, el pleno de la SCJN ha admitido a trámite varias consultas para analizar la constitucionalidad de esos cambios constitucionales, los cuales establecen la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.
Además, diferentes jueces federales han emitido varias suspensiones provisionales derivadas de distintos juicios de amparo presentados contra la reforma judicial, la cual fue promulgada el 15 de septiembre.
Pese a todo lo anterior, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha mantenido firme en la postura defendida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para reformar al Poder Judicial de la Federación.
La mandataria mexicana ha calificada como “provocaciones” los intentos para frenar la reforma judicial; además, ha sostenido que la SCJN carece de facultades para revisar su constitucionalidad.
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