Horas después de que Genaro García Luna fuera condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, negó que tuviera conocimiento de los delitos cometidos por el exsecretario de Seguridad Pública.
“Sobre el caso García Luna, señalo: nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas y extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él”, publicó en su cuenta de X.
Asimismo, se dijo confiado de que el Departamento de Justicia de la Unión Americana, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y el juez federal Brian Cogan hayan actuado legalmente contra el exfuncionario mexicano.
“No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos”, agregó.
El exmandatario mexicano, durante cuyo sexenio 2006-2012 estalló la llamada “guerra contra el narcotráfico”, sostuvo que la estrategia de seguridad no solo estaba a cargo de García Luna, sino de todo el gobierno federal de entonces.
“La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de todo un equipo de gobierno que combatió al crimen con toda la fuerza del Estado”, enfatizó.
Al hacer una defensa de su política de seguridad, Calderón Hinojosa calificó al crimen organizado como “el verdadero enemigo de nuestro país”.
“Han pasado ya 12 años desde que dejé el gobierno. La sociedad hará su balance y comparará lo que hice yo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío, y verán con sus propios ojos si el crimen hoy avanza o retrocede”, puntualizó.
En un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el nuevo Gobierno de México debe dejar de lado “la polarización política” y convocar a la creación e implementación de “una verdadera política de Estado en materia de seguridad y justicia”.
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