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octubre 21, 2024

Sheinbaum llama a jueces a respetar leyes y no vulnerar el Estado de derecho

Luego de que una jueza de Veracruz emitiera una orden para eliminar del DOF la reforma al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los jueces a respetar las leyes y no vulnerar el Estado de derecho

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras a respetar las leyes y no vulnerar el Estado de derecho, luego de que la jueza Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, emitió una orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial, ya que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que esta medida jurídica no es aplicable en modificaciones a la Constitución Política.

“Ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien, es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras; se está queriendo poner que la presidenta está en desacato, cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de derecho son los propios jueces, juezas. En particular, violentando la Ley de Amparo, un juez, una jueza que responde frente a una suspensión que le permite la Ley de Amparo no tiene cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley”, dijo.

Tras informar que la reforma al Poder Judicial cumplió en tiempo y forma todos los procesos que marca la legalidad, anunció que una vez que sea notificada sobre la resolución de la jueza que ordenó eliminar la publicación de la reforma judicial en el DOF —un hecho que no había ocurrido en los últimos 30 años—, el Gobierno de México, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, recurrirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para dar a conocer que se están violentando las leyes, así como al Congreso de la Unión para preguntar la legalidad de este amparo.

Sheinbaum resaltó que los amparos que se han interpuesto contra la reforma judicial son intentos fallidos e improcedentes de jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras que intentan mantener sus privilegios sobre la voluntad ya marcada por el pueblo de México.

“¿Qué quiere el pueblo de México? Un Poder Judicial honesto, que permita que haya justicia en el país. La Cuarta Transformación esencialmente es un movimiento por la justicia, por la justicia social, por la justicia para las mujeres, por la justicia ambiental y por un sistema de justicia en el país que le de justicia al que menos tiene”, mencionó.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, explicó que la reforma al Poder Judicial es una necesidad derivada de que jueces, juezas, ministros, ministras y magistrados suelen cometer actos que afectan la impartición de justicia, por ejemplo, mediante la liberación de delincuentes; tal es el caso de Emilio N., exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien se le otorga un amparo por el juez Juan Pedro Contreras para dejar sin efecto la prisión preventiva, o el de Francisco Javier N., exgobernador de Tamaulipas, cuya orden de aprehensión no se acató por un amparo concedido por la jueza octava de distrito, Adriana Yolanda Vega.

Destacó otras acciones que ponen en duda el actuar del Poder Judicial, como no emitir sentencia para seis mil 97 personas privadas de la libertad de 21 mil detenidos que existen en el país; otorgar amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas, tales como a la Ley de la Industria Eléctrica, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Tren Maya o los libros de textos gratuitos del ciclo escolar 2023-2024.

Además, mencionó la injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales, como el recurso interpuesto por el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) y admitido por la ministra Norma Piña para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpretara y definiera criterios para la asignación de diputaciones plurinominales; procesos viciados en la selección de jueces, como la venta de exámenes de oposición en 186 mil pesos, así como el nepotismo dentro de las instituciones de impartición de justicia, donde 49 por ciento, equivalente a la mitad del personal, tiene al menos un familiar en el PJ.

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