El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la despenalización del aborto. Foto: Especial
Tras una votación de 20 a favor y cuatro en contra, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas al Código Penal de aquella entidad federativa para despenalizar el aborto.
Con lo anterior, dejará de ser delito que una mujer o persona gestante decida interrumpir su embarazo antes de los 12 semanas de gestación.
Asimismo, si una mujer o persona gestante interrumpe su embarazo después de las 12 semanas de gestación, será sancionada con una pena de entre 100 y 300 días de trabajo comunitario.
“Esta conducta solo será sancionada cuando se haya consumido”, especificó el Congreso Local en un comunicado.
Tampoco se castigará el aborto si este es resultado de una acción culposa de la mujer o persona gestante, o si embarazo es producto de una violación o inseminación indebida.
“Se establecen sanciones para quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento sin importar la etapa gestacional, la cual será sancionada con una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de 300 a 800 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización”, agregó.
La despenalización del aborto fue consecuencia de una sentencia dictada -el 20 de septiembre pasado- por el Juzgado Tercero de Distrito en el juicio de amparo 765/2024.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó las reformas al Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
“Este avance protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y representa un paso hacia la igualdad y la garantía de los derechos humanos”, destacó.
Con esta reforma, suman 16 entidades que ya legislado para garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Michoacán y San Luis Potosí.
Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional a nivel nacional la criminalización del aborto.
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