Amedi rechaza extinción del IFT e Inai porque vulnera el derecho a la información

Amedi rechazó la extinción del IFT e Inai, porque vulnera el derecho a la información; por lo que subordinar las funciones de estos órganos al Ejecutivo o dependencias, “amenaza la imparcialidad de las decisiones”, aseguró

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) rechazó la propuesta de extinción de organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); esto, debido a que estos organismos desempeñan la tutela de derechos fundamentales, regulación sectorial y que actúa con un perfil técnico para defender el derecho a la información, comunicación y transparencia.

“Subordinar las funciones de estos órganos al Ejecutivo o dependencias, incrementa el riesgo de politización y amenaza la imparcialidad de las decisiones que afectan a todos los ciudadanos”, mencionó Amedi.

Por lo que la extinción del IFT implica que sus atribuciones serán asumidas por el Ejecutivo, a través de una dependencia encargada de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, cuando en gobiernos anteriores se ha demostrado ser un mecanismo de escasa eficacia. En suma, “debilita la capacidad del Estado para garantizar un acceso equitativo y justo a los servicios de comunicación y afecta la libertad de expresión y el derecho a la información al someter su regulación a intereses ajenos a los del interés público”.

Amedi agregó que la extinción del IFT ignora los logros obtenidos por este organismo autónomo después de once años de existencia, como la eliminación del cobro de la Larga Distancia Nacional y roaming del país, así como la transición de la Televisión Digital Terrestre, como principales temas.

Mientras que al desaparecer al Inai, la tutela de derecho al acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales quedará fragmentada entre la Secretaría de la Función Pública, el órgano de control del Poder Judicial y las contralorías de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Además, declaró: “dado que los derechos quedaran sujetos a instituciones con intereses, competencias y estructuras diversas, de índole política y judicial, la fragmentación que se propone afectará la certeza, objetividad, claridad y equidad en la aplicación de este derecho, así como la reducción en la transparencia y la rendición de cuentas”.

Respecto a la tutela de datos personales en posesión de particulares, se propone que las atribuciones pase al Ejecutivo, conforme a lo que se determine en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con información de: El Economista

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