El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general los decretos por los que se crea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se expide la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y se reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dichos dictámenes forman parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional del Poder Judicial, la cual establece la elección por voto popular, directo y secreto, de ministros, magistrados y jueces.
Con 79 votos a favor y 31 en contra, los senadores aprobaron en lo general la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece las normas relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencias de los órganos que componen el Poder Judicial, es decir, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal de Disciplina Judicial, del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito.
También se crean dos órganos, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, con los cuales se busca combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo y negligencia del Poder Judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial se compondrá de cinco magistradas y magistrados, electos mediante elección popular, en los términos señalados en la Constitución.
El Órgano de Administración Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federa, contará con independencia técnica y de gestión, tendrá a su cargo la administración de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, y velará por su buen funcionamiento, autonomía, independencia, imparcialidad y legitimidad.
La Ley Orgánica determina la nueva forma de trabajo de la SCJN con nueve ministras y ministros y sin división de salas.
Los senadores avalaron la expedición de dicha ley en lo general con 75 votos a favor y 32 en contra; mientras que en lo particular se registraron 74 votos a favor y 30 en contra, luego de que fue rechazada la reserva del senador Néstor Camarilla Medina, del PRI, y también se retiró la reserva presentada por la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena.
La Ley de Carrera Judicial establece las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas bajo los principios de independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización.
Además destaca la incorporación de la perspectiva de género, “de forma transversal, progresiva e igualitaria en el desarrollo de la carrera judicial, con lo que se busca fomentar que las mujeres y los hombres ejerzan y gocen sus derechos humanos con enfoque de “igualdad sustantiva”.
La carrera judicial comprenderá el ingreso, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación en el cargo del personal. Y se adiciona un título tercero para combatir el nepotismo, en el cual se establecen medidas para impedir nombramientos de familiares por parte de los titulares, así como el deber de informar sobre vínculos familiares o afectivos.
Con esta regulación se institucionaliza la Escuela Nacional de Formación Judicial, al incorporar sus funciones, estructura, servicios y funcionamiento en la ley. También se crea el Registro único de Personas Servidoras Públicas de la Carrera Judicial como un padrón que contendrá información básica y técnica en materia de recursos humanos del personal perteneciente a la carrera judicial.
La modificación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue avalada por el Pleno del Senado en lo general con 77 votos a favor y 31 en contra, mientras que, en lo particular, se aprobó con 74 votos a favor y 28 en contra.
El proyecto incorpora un lenguaje incluyente con la intención de promover la igualdad y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su género, identidad, orientación sexual, origen étnico, discapacidad, entre otro. Además, plantea evitar la discriminación y contribuir la creación de un ambiente más justo y equitativo, que ayuda a dar visibilidad a grupos que históricamente han sido marginados, a la vez que reconoce a todas las personas en función de su dignidad humana.
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