Sheinbaum explicó que la iniciativa tiene como objetivo reducir la cantidad de trámites administrativos / Foto: Cortesía
Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, con la cual se pretende reformar los artículos 25 y 73 de la Constitución para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir esta nueva normativa de simplificación y digitalización de procesos.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la iniciativa tiene como objetivo reducir la cantidad de trámites administrativos y, con ello, eliminar oportunidades de corrupción en la relación entre la ciudadanía y las dependencias gubernamentales. Destacó que se trata de una ley nacional, ya que incluirá a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Por su parte, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, detalló que, tras la aprobación de las reformas constitucionales, se presentará la iniciativa que abrogará la Ley General de Mejora Regulatoria y dará paso a la nueva legislación.
Peña Merino informó que actualmente existen más de 7 mil trámites a nivel federal, mientras que los estados tienen un promedio de 52 y los municipios 144. Entre los principales objetivos de la nueva normativa se encuentran:
Asimismo, destacó que los beneficios esperados incluyen la reducción de espacios de corrupción, la eliminación de la discrecionalidad en la gestión de trámites y la disminución de la carga regulatoria. También se busca fortalecer la certeza jurídica y acelerar la actividad económica.
“La meta en todos los trámites, requisitos y servicios es reducir a la mitad el número de trámites y tiempos de resolución, además de digitalizar al menos el 80 por ciento de los procesos”, puntualizó Peña Merino.
Como parte de esta estrategia, se creará el Centro Nacional de Tecnología Pública (CNTP), un modelo enfocado en el desarrollo de capacidades tecnológicas propias. Este centro contará con cuatro componentes: un repositorio de código, una Escuela Pública de Código para servidores, acompañamiento técnico y normativo a estados y municipios, y la implementación de proyectos estratégicos nacionales.
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