Estados Unidos deportó al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Foto: Especial
El Gobierno de Estados Unidos deportó a México al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, quien ya se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).
La entrega se realizó por vía terrestre a través del cruce fronterizo San Isidro–Tijuana, donde fue entregado a elementos de Interpol México. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la FGR para su certificación médica, antes de ser conducido en un vuelo a la capital del país.
Según información del Registro Nacional de Detenciones, consultada por El Economista, al momento de su detención, expone la ficha, vestía pantalón y sudadera color gris, además de lentes de aumento y su cabello era canoso.
Después de su detención, agentes de la FGR lo trasladaron al penal del Altiplano, en el Estado de México, considerado como de máxima seguridad, desde donde afrontará su proceso.
Yarrington Ruvalcaba, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, fue arrestado en abril de 2017 en Florencia, Italia, y extraditado a Estados Unidos en 2018. En ese país se declaró culpable en 2021 de haber recibido sobornos millonarios de organizaciones criminales para proteger sus actividades, siendo sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos reportó su liberación anticipada el 3 de julio de 2024, sin detallar los motivos.
Según las investigaciones, durante su mandato Tomás Yarrington presuntamente facilitó operaciones del narcotráfico y realizó movimientos financieros ilícitos a través de prestanombres para adquirir propiedades en Texas, lo que motivó demandas del Departamento de Justicia de Estados Unidos desde 2012.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, recibió sobornos de los cárteles, que además habrían financiado campañas de otros políticos tamaulipecos.
Por su parte, la Unidad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la FGR, documentó que el expolítico habría recibido más de 8.5 millones de dólares de grupos criminales para financiar su campaña a la gubernatura. Se explicó que el dinero fue entregado en once pagos mediante intermediarios ligados al Cártel del Golfo y al Cártel de Juárez. A cambio, las fuerzas estatales brindaban protección a sus actividades ilícitas.
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