“En el grupo de niñas de 10 a 14 años, el embarazo tiene que pensarse como un hecho forzado, impuesto, producto de la violencia sexual y que por lo tanto requiere de estrategias de protección: Nadine Gasman, Inmujeres
El Consejo Nacional de Población (Conapo) calcula que los embarazos de adolescentes en México han aumentado 20 por ciento durante la pandemia, lo que equivale a 145 mil 719 embarazos no deseados entre personas de 15 a 19 años, informó Gabriela Rodríguez, secretaria general del organismo.
Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dijo que este problema tiene un costo en proyectos de vida y sueños y destacó que en el grupo de niñas de 10 a 14 años el embarazo tiene que pensarse como un hecho forzado, impuesto, producto de la violencia sexual y que por lo tanto requiere de estrategias de protección que en esta pandemia se ha vuelto más presente.
“Esto requiere de conversaciones con más actores para realmente crear una estrategia que atienda esta problemática que tiene impacto en diversos sentidos”, dijo Gasman, durante la presentación del Informe sobre las Consecuencias Socio Económicas del Embarazo en Adolescentes en México.
María Antonieta Alcalde, directora de IPAS México, añadió que los servicios de salud públicos deben incluir la posibilidad de una interrupción del embarazo, con sensibilización, capacitación y de la mano de educación integral en sexualidad y prevención de la violencia sexual.
“Se está trabajando un andamiaje institucional, con ejes de acción mucho más articuladores y territorializados” como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), dijo Gabriela Rodríguez, del Conapo.
En el contexto de la pandemia de Covid-19, aunque en México los servicios de salud sexual y reproductiva se han declarado como esenciales, las personas se han confinado y no acuden por el miedo a contagiarse.
Mil niñas y adolescentes dan a luz en nuestro país diariamente y eso cuesta muy caro. Más de 380 mil adolescentes acuden a servicios de salud cada año para controles prenatales y atención del parto, lo que representa más de 6,000 millones de pesos para la salud pública, reveló Arie Hoekman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA).