El próximo domingo 27 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una marcha que tendrá como punto de partida el Ángel de la Independencia y llegará al Zócalo capitalino, donde rendirá su informe de gobierno
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que cambiará su informe anual de gobierno al 27 de noviembre, el cual acompañará con una marcha que encabezará él mismo, con lo que se modificará la fecha que estaba prevista tradicionalmente para el 1 de diciembre.
“Ayer mismo empecé a recoger opiniones, y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27 (de noviembre), un domingo”, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.
López Obrador aseveró que la marcha la encabezará él mismo y partirá desde el emblemático Ángel de la Independencia para concluir en el Zócalo capitalino, donde rendirá su informe de gobierno, el cual inicialmente estaba programado para realizarse el jueves 1 de diciembre.
“Yo voy a marchar. (Daré) el informe, (por los) cuatro años de transformación, para ver también si la gente está contenta con la transformación, si vamos bien”, indicó.
Afirmó que cambió el día de su informe debido a que mucha gente de otros lugares del país quiere acudir al Zócalo a apoyarlo durante la presentación de su informe.
El anuncio de la marcha se da apenas unos días después de la movilización que convocó a miles de personas, en su mayoría opositores, que salieron a las calles de Ciudad de México y otras entidades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la polémica reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador.
La reforma, que López Obrador presentó en abril pasado y que se discutirá próximamente en el Congreso, causa polémica porque sometería a voto popular a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También eliminaría a 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.
