Durante enero pasado, el Congreso del Estado de Querétaro realizó -mediante un laboratorio privado- 500 pruebas de antígenos para detectar COVID-19, cuyo costo fue de 200 mil pesos
Por las 500 pruebas de antígeno para la detección de COVID-19 que realizó el Congreso del Estado de Querétaro a los trabajadores durante enero se erogaron cerca de 200 mil pesos, indicó la presidenta Mesa Directiva, Beatriz Marmolejo Rojas; quien señaló que aunque el servicio ya se prestó, el trámite de pago al laboratorio particular está en proceso.
La diputada local del Partido Acción Nacional
(PAN) detalló que el costo por prueba fue de 400 pesos y recordó que estas se realizaron en dos visitas por parte del laboratorio, en la primera se aplicaron 260 pruebas y, en la segunda, 240.
“Tenemos el costo total del presupuesto asignado para apoyo a los trabajadores aquí de la legislatura y está en proceso la apertura del presupuesto para hacer el pago correspondiente. Estamos hablando más o menos del precio que se tiene también al público de 400 pesos por prueba”, dijo.
Por otra parte,
sobre la adecuación del recinto legislativo con las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, Marmolejo Rojas refirió que el presupuesto fijo para el mantenimiento del edificio es de 5 millones de pesos anuales en promedio.
En este sentido,
reiteró que solo en caso de que las modificaciones excedieran los gastos programados de manera mensual solicitarían recursos extraordinarios.
En su calidad de presidenta de la Mesa Directiva, la legisladora local panista recibió los informes de las resoluciones del ejercicio del presupuesto y de las actividades de la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ),
Roxana Ávalos Vázquez, correspondientes al año 2021; así como del periodo del 2017 al 2022.
“Considero que es un momento importante para poner en la agenda pública el tema de violaciones de derechos humanos cometidas entre particulares; desde luego, atendiendo a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en manifiesto, al referir este reto para nuestro sistema jurídico y las obligaciones convencionales que lo puedan garantizar, a cargo de los estados (…)”, afirmó.