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Ulises Gómez de la Rosa, diputado local independiente, defendió la iniciativa de ley para desaparecer la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro
El diputado local Ulises Gómez de la Rosa descartó que se trate de una “ocurrencia”, la iniciativa presentada por diputados de Morena para reformar la estructura de la política laboral en Querétaro, y expuso que la propuesta está plenamente sustentada en el marco constitucional y legal vigente.
Gómez de la Rosa recordó que la reforma constitucional en materia laboral, publicada el 24 de febrero de 2017, así como las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019, transforman de fondo el sistema de justicia laboral en el país, al suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje y trasladar la resolución de los conflictos laborales a los Tribunales del Poder Judicial, tanto federal como local, con una etapa conciliatoria obligatoria previa.
Derivado de estas reformas, explicó, en un comunicado, en el ámbito estatal se crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, organismo encargado de la conciliación, el registro de contratos colectivos y sindicatos, así como de diversos procedimientos administrativos; lo que deja sin competencia directa a la Secretaría del Trabajo en los asuntos individuales y colectivos de carácter laboral.
“El planteamiento que presentamos no es una ocurrencia, sino el resultado de una revisión exhaustiva de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, ambas del estado de Querétaro, a la luz de la reforma constitucional y legal vigente”, subraya Ulises Gómez de la Rosa.
La iniciativa propone reorganizar las funciones laborales y transferirlas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante la creación de una Dirección de Promoción al Empleo y Capacitación Laboral, con el objetivo de evitar duplicidades, fortalecer la eficiencia administrativa y generar ahorros significativos en el gasto público, particularmente en el rubro de servicios personales.
El legislador dijo que mantener una dependencia que carece de facultades constitucionales y legales para intervenir en conflictos laborales implica sostener un “elefante blanco”, con costos de operación injustificados, cuando esos recursos pueden destinarse a áreas prioritarias para la población.
Asimismo, destacó que la propuesta contempla un rediseño institucional que garantiza la continuidad de servicios como la defensa laboral, la empleabilidad y la capacitación, sin afectar los derechos de las y los trabajadores.