Contenido
A un año del feminicidio de Perla Citlali en San Juan del Río, su familia dijo que solicitará la intervención de autoridades federales y la atracción del caso por parte de la FGR
A un año del feminicidio de Perla Citlali, en San Juan del Río, su familia afirmó que ya no guardará silencio público y que solicitarán la intervención de las autoridades federales y que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, debido a que el responsable de su muerte aún no ha sido detenido.
En compañía de integrantes de Cívica Querétaro, Briseida Martínez Zúñiga, hermana de Perla, advirtió que solicitarán el acompañamiento de colectivos y organizaciones nacionales, que utilizarán los espacios públicos y, de ser necesario, pedirán el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Indicó que se suman a todas las familias que viven la indiferencia institucional y que buscarán que el expediente de Perla no quede en el olvido.
“Queremos ser muy claros, no estamos acusando, estamos exigiendo, exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo, exigiendo que el feminicidio de Perla no quede impune, exigiendo que el Estado cumpla con su obligación constitucional. También queremos decir algo importante, durante meses se nos pidió no hablar para no alertar al responsable; sin embargo, hoy entendemos que el silencio solo protegió la inacción, no a Perla, no a su memoria, no a nuestra familia. Por eso hoy anunciamos que el silencio terminó”, subrayó.
La familia de Perla informó que presentaron recientemente una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) por la falta de “respuestas claras” por parte de las autoridades en el estado.
Las integrantes de Cívica Querétaro, Cecilia Fernández, Daniela Urbiola, Alicia Lugo, Stefania Biondi y Yereli Rollander, refirieron que el caso de Perla no es un hecho aislado y que, en 2025, se registraron en total 14 feminicidios, por tal motivo, exigieron al gobernador Mauricio Kuri González que ninguna investigación en la entidad “quede atrapada en la inercia administrativa”.
“+Que una familia tenga que salir públicamente a pedir respuestas ante un feminicidio no es normal ni es aceptable. Es la evidencia de una falla institucional grave y de un sistema que no está respondiendo con la urgencia que la violencia contra las mujeres exigen”, externaron.