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- La diputada local Sully Mauricio presentó un exhorto por denuncias de corralón sin permisos y cobros elevados en Pedro Escobedo; solicitará la intervención de autoridades de los tres órdenes de gobierno para revisar concesiones
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La diputada local Sully Mauricio presentó un exhorto por denuncias de corralón sin permisos y cobros elevados en Pedro Escobedo; solicitará la intervención de autoridades de los tres órdenes de gobierno para revisar concesiones
En respuesta a las diferentes solicitudes de la ciudadanía del municipio de Pedro Escobedo, la diputada local Sully Yanira Mauricio Sixtos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentará el próximo jueves un exhorto ante la 61 Legislatura del estado de Querétaro, para atender la problemática relacionada con un corralón que presuntamente opera sin los permisos correspondientes y con costos elevados.
Las y los ciudadanos han manifestado su preocupación por cobros excesivos y falta de claridad en las tarifas, situación que afecta directamente el patrimonio de las familias y genera incertidumbre al momento de recuperar sus vehículos. “No podemos permitir que las familias paguen cantidades desproporcionadas por un servicio que debe estar regulado”, señaló la legisladora.
A través de un exhorto, la legisladora solicitará la intervención coordinada de autoridades municipales, estatales y federales para revisar concesiones, verificar que los establecimientos cuenten con los permisos necesarios y garantizar que las tarifas aplicadas estén dentro de los tabuladores autorizados. “Si un corralón no cumple con la ley, debe revisarse y, en su caso, sancionarse”, puntualizó.
El llamado está dirigido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, refuercen los mecanismos de supervisión e inspección de los servicios auxiliares de autotransporte.
Mauricio Sixto reiteró que el propósito es proteger los derechos de la ciudadanía de la entidad y asegurar que ningún servicio público funcione fuera del marco legal, privilegiando siempre la transparencia y la legalidad.