Contenido
De nueva cuenta, el Frente Nacional por las 40 horas solicitó a los legisladores del Congreso de Querétaro rechazar la minuta de la reforma laboral, al señalar que el proyecto no garantiza dos días consecutivos de descanso
El Frente Nacional por las 40 horas solicitó de nueva cuenta a legisladores del Congreso de Querétaro rechazar la minuta de la reforma laboral que establece la reducción gradual de la jornada de trabajo, al señalar que el proyecto no garantiza dos días consecutivos de descanso y podría ampliar el esquema de horas extraordinarias.
Rodolfo Gómez, integrante del movimiento, señaló que la reforma presenta “vacíos y ambigüedades que favorecen a los empleadores y podrían afectar a la clase trabajadora”.
“El marco es perfecto para que las y los legisladores del Congreso local se posicionen del lado de quienes votaron por ellos. Querétaro puede enviar el mensaje de que las reformas laborales deben ser claras, protectoras y progresivas para la clase trabajadora”, expresó.
Señaló que el transitorio establece que la disminución se aplicará de forma progresiva, con dos horas menos por año, mientras que la regulación de las horas extraordinarias quedará sujeta a modificaciones posteriores en la Ley Federal del Trabajo.
Advirtió que, en ese escenario, algunos empleadores podrían obligar a los trabajadores a laborar jornadas de hasta 12 horas durante tres días consecutivos, por lo que consideró necesario establecer límites claros a la jornada extraordinaria.
También solicitaron una reunión con legisladores federales que representan a Querétaro para expresar sus preocupaciones sobre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.
Cabe recordar que el diputado del PAN, Guillermo Vega, informó previamente que la 61 Legislatura local votará a favor de la reforma aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, aunque su bancada mantiene reservas sobre algunos aspectos de su aplicación.
Ante ello, Rodolfo Gómez sostuvo que los legisladores locales tienen autonomía en el proceso legislativo y consideró que no existe obligación de replicar automáticamente la decisión tomada a nivel federal.