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Efraín Mendoza, exconsejero electoral, aseguró que el plan B de la reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca reducir los privilegios de los partidos políticos
El expresidente del Instituto Electoral de Querétaro, Efraín Mendoza Zaragoza, afirmó que el “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca recuperar la confianza ciudadana en la clase política mediante la reducción de privilegios.
“El ‘Plan B’ es un esfuerzo para recuperar el prestigio de la clase política, a fin de que la ciudadanía los sienta como instrumentos para su beneficio y no como cargas muy onerosas”, señaló, al advertir que existe desconfianza generalizada hacia los políticos sin importar su partido.
El exconsejero consideró que la discusión de la reforma responde a una exigencia social.
“Es importante atender la exigencia ciudadana; hay una desconfianza sobre el que los políticos usen el dinero para realmente beneficio de la población”, afirmó.
También cuestionó la postura de los partidos que votaron en contra de la primera propuesta.
“Confirmaron que sus prioridades no son las mismas que las de la población, sino las de sus dirigencias”, sostuvo.
En el ámbito local, se pronunció sobre las declaraciones del diputado panista Luis Gerardo Ángeles Herrera respecto al gasto del Congreso de Querétaro: “No se trata de si hay observaciones o no, el problema es el monto con el que operan (…) están gastando demasiado”.
Añadió que el debate debe centrarse en el nivel de gasto público y no solo en su correcta aplicación.
“El diputado está hablando de que ‘gastan bien’, pero ese no es el problema, sino la dimensión del gasto y su limitada traducción en beneficios para los ciudadanos”, expresó.
Mendoza Zaragoza también subrayó que la iniciativa plantea reducir privilegios en el servicio público.
“Es necesario que todos los servidores públicos se ajusten a un criterio de austeridad”, indicó.
La propuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo fue enviada al Senado este martes e incluye cambios a leyes electorales y de partidos, además de ajustes presupuestales para reducir costos del sistema electoral.