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La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Congreso Local avaló que se puedan realizar obras en escuelas que no cuenten todavía con escrituras
La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Congreso del Estado de Querétaro aprobó un dictamen para permitir la ejecución de obras en planteles educativos sin contar aún con escritura, siempre que se acredite la posesión legal del predio, con el fin de evitar retrasos en infraestructura.
La reforma adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de Obras Públicas del estado y plantea que la Unidad de Servicios para la Educación Básica (Usebeq) pueda validar el uso del inmueble mediante documentación que respalde su posesión.
La presidenta de la comisión, Andrea Tovar Saavedra, señaló que la medida responde a un problema recurrente en la ejecución de obra pública. “Cuando se habla de remodelación o construcción de escuelas, suele presentarse un obstáculo que retrasa los trabajos y genera incumplimiento en la inversión”, explicó.
Indicó que la propuesta permitirá avanzar en proyectos educativos sin frenar recursos por trámites pendientes. “Lo que buscamos es evitar que el proceso legal y burocrático retrase algo tan importante como mejorar las condiciones en las que estudian miles de niñas y niños”, afirmó la morenista.
Precisó que la reforma no elimina la obligación de regularizar la propiedad. “De ninguna forma se exime de continuar con el proceso para obtener el título y cumplir con la legalidad”, puntualizó.
El diputado Antonio Zapata Guerrero, autor de la iniciativa, sostuvo que la propuesta surge de una necesidad operativa. “Es producto de un trabajo conjunto para atender una problemática que impedía ejercer recursos en escuelas”, dijo.
El legislador Luis Gerardo Ángeles Herrera destacó que actualmente existen casos donde, pese a contar con presupuesto, no se puede invertir por falta de documentación.
El director del Instituto de Infraestructura Física Educativa, Fernando Orozco Vega, indicó que cerca de mil 300 planteles carecen de escrituras, lo que ha limitado la inversión. Añadió que la Auditoría Superior de la Federación exige acreditar la propiedad para ejercer recursos.