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Edgar Inzunza Ballesteros, diputado local de Morena, planteó una reforma constitucional para que los recursos de la Legislatura estén fijados en 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos
El diputado local de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros, presentó una iniciativa para reformar la Constitución de Querétaro que propone, entre otros puntos, fijar un tope al presupuesto anual del Poder Legislativo estatal de hasta 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos.
“Es una iniciativa que busca alinear a Querétaro con el plan de austeridad planteado desde la presidencia de la República y del cual no podemos quedarnos atrás; que nadie dentro la función pública tenga privilegios especiales en tema de ahorros. Son elementos que se derivan del plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum”, sostuvo.
La propuesta también plantea que las remuneraciones de servidores públicos de los poderes y organismos autónomos se ajusten al límite establecido en el artículo 127 de la Constitución federal, así como prohibir prestaciones como seguros médicos privados, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro no previstos en ley.
Otro de los cambios incluidos es la modificación en la integración de los ayuntamientos, al establecer una sola sindicatura por municipio y mantener el número actual de regidurías, salvo ajustes futuros con base en criterios poblacionales.
De acuerdo con la iniciativa, los recursos que se generen a partir de estas medidas se destinarían a infraestructura pública y al fortalecimiento de las haciendas municipales.
El legislador señaló que la propuesta busca armonizar la Constitución local con la reforma federal publicada el 23 de abril en materia de austeridad y combate a privilegios, y sostuvo que persisten estructuras que generan gasto público elevado.
Añadió que el planteamiento incluye criterios de austeridad, racionalidad presupuestaria y cercanía con la ciudadanía en el diseño institucional del estado.
Finalmente, indicó que la iniciativa también requiere ajustes en su redacción, sistematicidad normativa y justificación presupuestaria para asegurar su viabilidad constitucional y operativa.