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José Carlos Rojano Esquivel señaló que existe el riesgo de que Washington incremente la presión hacia el gobierno mexicano en medio de las futuras negociaciones del T-MEC
Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre seguridad y crimen organizado en México no deben minimizarse, advirtió José Carlos Rojano Esquivel, doctor en Derecho, quien señaló que existe el riesgo de que Washington incremente la presión hacia el gobierno mexicano en medio de las futuras negociaciones del T-MEC.
El especialista en Derecho Internacional sostuvo que las amenazas del mandatario estadounidense forman parte de una estrategia política y económica, debido a la dependencia comercial que México mantiene con Estados Unidos. Sin embargo, afirmó que el escenario podría escalar si la administración estadounidense considera que existe tolerancia del gobierno federal hacia grupos criminales.
“Trump está jugando un ajedrez de presión constante y colocando el tema del crimen organizado como una exigencia para México”, declaró.
Señaló que el gobierno mexicano enfrenta problemas de gobernabilidad que podrían ser utilizados por Estados Unidos para justificar acciones de presión política o de inteligencia. Añadió que el riesgo aumenta tras las acusaciones presentadas por la fiscalía federal de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Sobre los reportes de prensa internacional que señalan una revisión a los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, el analista calificó como “preocupante” que exista la sospecha de posibles vínculos con actividades del crimen organizado. Indicó que los recientes nombramientos políticos en representaciones diplomáticas han desplazado perfiles con experiencia en el servicio exterior.
Asimismo, se refirió a las críticas contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por presuntos operativos con participación de agencias estadounidenses. Afirmó que la mandataria estatal mantiene acciones contra el crimen organizado, en contraste con la estrategia federal de seguridad implementada en el sexenio anterior.