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La persona que resulte electa deberá obtener al menos 17 votos de los 25 integrantes de la Legislatura
Con la comparecencia de los tres integrantes de la terna, concluyó la etapa de entrevistas para la designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado de Querétaro, por lo que el procedimiento avanza a la fase de evaluación de perfiles antes de ser sometido a votación del pleno del Congreso local.
María Elena Guadarrama destacó su experiencia en organismos autónomos, transparencia y derechos humanos, y planteó una estrategia enfocada en fortalecer la autonomía institucional, la rendición de cuentas y la cercanía con la ciudadanía. Afirmó que busca consolidar una fiscalía “autónoma, profesional, cercana a la ciudadanía y reconocida por su capacidad para investigar, perseguir y sancionar eficazmente los delitos de corrupción”.
Por su parte, Juan Manuel Martínez López, quien actualmente forma parte de la Fiscalía Anticorrupción, consideró que existen áreas de oportunidad relacionadas con el uso de tecnología, el análisis de información y la recuperación de activos ilícitos. Indicó que su propuesta está basada en cinco ejes estratégicos: “la profesionalización; la innovación tecnológica; la recuperación de activos ilícitos; una correcta comunicación entre la institución y la sociedad; y evidentemente el respeto irrestricto de los derechos humanos”.
En tanto, Carlos De los Cobos Sepúlveda destacó la importancia de fortalecer la institución a partir de diagnósticos que permitan diseñar mejores políticas públicas en materia anticorrupción. Sostuvo que “el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción son política pública”, por lo que consideró necesario incorporar herramientas de evaluación, capacitación y modernización de procesos.
Cabe recordar que la persona que resulte electa deberá obtener al menos 17 votos de los 25 integrantes de la Legislatura; de no alcanzarse esa mayoría calificada, la designación corresponderá al titular del Ejecutivo estatal, conforme al procedimiento previsto en la legislación vigente.