Avalan en comisión analizar nuevo modelo para fiscal anticorrupción

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De aprobarse esta iniciativa, sus efectos no serían inmediatos, ya que la siguiente designación del titular de la fiscalía ocurriría dentro de nueve años

La Comisión de Puntos Constitucionales de la 61a. Legislatura de Querétaro inició el análisis de una reforma constitucional que busca modificar el mecanismo de designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Querétaro, con el objetivo de sustituir el esquema de terna propuesta por el poder Ejecutivo por una convocatoria abierta a la ciudadanía.

Cabe destacar que la discusión se realizó momentos antes de que el pleno del Congreso eligiera al nuevo fiscal anticorrupción bajo las reglas vigentes. Sin embargo, de aprobarse esta iniciativa, sus efectos no serían inmediatos, ya que la siguiente designación del titular de la fiscalía ocurriría dentro de nueve años.

El presidente de la comisión, Homero Barrera Mcdonald, explicó que la propuesta permitiría que cualquier persona que cumpla los requisitos legales pueda aspirar al cargo mediante una convocatoria emitida por el poder Legislativo.

“Se le quita al Ejecutivo el monopolio de la propuesta de terna y se abre la convocatoria a la ciudadanía en general”, señaló el morenista durante la sesión.

La iniciativa fue presentada por los diputados Claudia Díaz Gayou (PT) y Eric Silva Hernández (Morena) y plantea revertir la reforma aprobada en agosto de 2024, mediante la cual se otorgó al Ejecutivo estatal la facultad de presentar una terna para la designación del fiscal anticorrupción.

Durante la discusión, el diputado Eric Silva Hernández sostuvo que el cambio permitiría recuperar un mecanismo abierto para futuras designaciones. “Esto permite que tengamos una mayor pluralidad y transparencia”, afirmó.

En asuntos generales, el diputado de Morena, Arturo Maximiliano García, destacó que la propuesta ampliaría la participación de perfiles provenientes de distintos ámbitos profesionales. No obstante, precisó que el proyecto mantiene una cláusula para que el Ejecutivo estatal intervenga en caso de que el Congreso no alcance la mayoría calificada necesaria para concretar el nombramiento.

 

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