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Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena, advirtió que existen insuficiencias estratégicas para enfrentar de manera eficaz los casos de huachicol fiscal y facturación falsa
El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó recientemente dos iniciativas que buscan superar las insuficiencias de las estrategias con las que hasta ahora se han enfrentado dos de los grandes flagelos que afectan al país: el huachicol fiscal y la facturación falsa.
El legislador federal de Morena advirtió que estas prácticas no son hechos aislados, sino que forman parte de redes de complicidad que permiten el saqueo de las finanzas públicas y generan un daño directo a la capacidad del Estado para financiar el desarrollo y el bienestar de la población.
Por ello, las propuestas plantean fortalecer los mecanismos de prevención, detección, investigación y sanción, así como la trazabilidad de los recursos y la coordinación entre las autoridades responsables de combatir estas actividades ilícitas.
La primera iniciativa está enfocada en combatir la facturación falsa y las operaciones simuladas. Para ello, plantea fortalecer los controles desde la constitución de las empresas, verificar el origen y la aportación efectiva de los capitales, identificar comportamientos fiscales atípicos y ampliar la supervisión de los proveedores del sector público durante toda la vigencia de los contratos.
Asimismo, propone mejorar la trazabilidad de los recursos y establecer responsabilidades cuando las operaciones simuladas involucren dinero público, con el propósito de evitar que estructuras empresariales sean utilizadas para desviar recursos o aparentar actividades económicas inexistentes.
La segunda iniciativa busca combatir de manera integral el robo, la comercialización y las distintas modalidades del huachicol, incluyendo aquellas que permiten incorporar combustible de procedencia ilícita a la cadena formal.
Entre las medidas propuestas se encuentran el fortalecimiento de los controles volumétricos, el intercambio de información entre autoridades, la aplicación de medidas administrativas ante discrepancias relevantes, la persecución de la comercialización informal de hidrocarburos y el aseguramiento de bienes vinculados con estas actividades ilícitas.
Ramírez Cuéllar señaló que ambas propuestas parten de una misma premisa: cerrar los espacios por donde se pierden recursos que deberían ingresar a las finanzas públicas.
“No se trata de cargar nuevos impuestos a quienes ya cumplen. Se trata de impedir que unos cuantos evadan sus responsabilidades, simulen operaciones o utilicen estructuras empresariales para apropiarse de recursos que corresponden al Estado y a la sociedad”, afirmó.
El diputado subrayó que la evasión y la elusión fiscal generan un doble perjuicio: reducen la capacidad recaudatoria del Estado y colocan en desventaja a las empresas y personas contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones.
Por ello, destacó la necesidad de avanzar hacia una política de prevención, detección temprana, trazabilidad y coordinación institucional, que permita actuar antes de que el daño ocurra.
En el caso de la facturación falsa, explicó, esto implica identificar desde el origen a las sociedades que carecen de capacidad económica real y evitar que sean utilizadas para simular operaciones o desviar recursos. En materia de hidrocarburos, añadió, es indispensable que la información fiscal, energética, financiera y penal pueda compartirse oportunamente para activar con rapidez las acciones de supervisión e investigación.
“Necesitamos una política fiscal que recaude mejor, no necesariamente que cobre más. Hay un amplio margen para fortalecer los ingresos públicos si se cierran los espacios a la evasión, la elusión, el contrabando y la simulación. El objetivo debe ser que todos contribuyan conforme a la ley y que los recursos recuperados se traduzcan en más inversión, mejores servicios y mayor bienestar”, sostuvo.
Finalmente, Ramírez Cuéllar enfatizó que combatir estas prácticas también significa fortalecer al Estado, garantizar condiciones de competencia más justas y recuperar la confianza en las instituciones.
Afirmó que las iniciativas forman parte de una visión integral para construir un sistema fiscal más transparente, eficiente y equitativo, en el que la responsabilidad tributaria sea compartida y no existan sectores o estructuras que puedan mantenerse al margen de la legalidad.